Un grupo de 13 congresistas demócratas de los Estados Unidos solicitó formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, la suspensión inmediata de toda asistencia de seguridad y cooperación militar con el Gobierno de Ecuador. La drástica petición, encabezada por los legisladores Jesús “Chuy” García, Jonathan Jackson y Greg Casar, surge en respuesta a lo que califican como un preocupante retroceso democrático, violaciones a los derechos humanos y persecución política bajo la administración del presidente Daniel Noboa.
En una carta dirigida a la secretaría de Estado, los firmantes manifestaron su profunda preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho y la independencia judicial en la nación andina. El detonante principal de este reclamo internacional fue el reciente arresto y encarcelamiento de Luisa González, excandidata presidencial y líder del partido opositor Revolución Ciudadana, hecho ocurrido el pasado 22 de octubre y que los legisladores estadounidenses catalogaron como parte de una «ofensiva contra la oposición». Asimismo, la misiva menciona presiones contra otros actores políticos, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Los congresistas advirtieron que la legislación estadounidense prohíbe de manera estricta que los fondos de los contribuyentes financien a fuerzas de seguridad extranjeras vinculadas a abusos de los derechos humanos o acciones autoritarias. En consecuencia, exigieron frenar las operaciones militares conjuntas en la lucha contra el narcotráfico y bloquear posibles ventas de armamento a Ecuador hasta que se garantice el pleno restablecimiento de las libertades civiles.
De mantenerse la política de cooperación de la Casa Blanca con Quito, el bloque legislativo aseguró que utilizará sus facultades en el Congreso para impulsar restricciones presupuestarias y auditar la participación estadounidense en operativos en territorio ecuatoriano. Esta advertencia añade una fuerte tensión diplomática a la alianza estratégica entre Washington y el Gobierno de Noboa, en un momento en que el país sudamericano enfrenta una severa crisis de seguridad interna por el control del crimen organizado. (I)
