Opinión

Julian Assange: fraude al Estado de derecho

Por Ana Palacio
Madrid, España

La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego. Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.

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Opinión

Navidades en Londres

Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Parece recomendable hacer un breve inventario de algunas de las perlas que ha producido el affaire Assange antes que los 15 minutos de fama se les acaben a sus protagonistas. Lo primero que sorprende es que el Gobierno ecuatoriano haya admitido que sí sabía que las reglas internacionales vigentes en Europa, incluyendo el Reino Unido, no reconocen al asilo diplomático. Lo que sí admiten esos países bajo ciertas condiciones es el asilo territorial. Es decir, el asilo fue concedido a Assange sabiendo que para el Estado anfitrión era inaceptable. A sabiendas que se cometería una ofensa a una nación con la que ha existido tradicionales lazos de amistad.

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Opinión

Repercusiones del Asilo

Por Gonzalo Maldonado
Madrid, España

Si el presidente Correa o su gobierno querían hacerse conocer a nivel internacional, claramente la decisión de otorgar asilo diplomático a Julian Assange fue la decisión correcta. No recuerdo ningún hecho en Ecuador que tuviera tal nivel de resonancia mediática a nivel mundial.

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Opinión

Assange, presidente

Por María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos

Estimado Julian:

Anteriormente comparé tu caso con los autores del libro El Gran Hermano, que recopiló evidencias sobre las empresas del hermano del presidente, Fabricio, y sus millonarios contratos con el Estado.  Ellos fueron sentenciados por daño moral y con esto se pretendió desmentir sus investigaciones. Pero a los cuatro veedores que concluyeron que sí hubo un perjuicio al Estado por USD$143 millones se les prohibió la salida del país y solicitaron asilo político al considerarse perseguidos por el gobierno ecuatoriano.

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