Las noticias se suceden vertiginosas. Las redes sociales traen el reporte de que el Prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, ha agredido en estado etílico, a las dos de la madrugada, en una carretera de esa zona amazónica al Presidente de la República Rafael Correa. La versión que trae la agencia oficial Andes, difundida también a través de Twitter y YouTube, no deja de ser surrealista. Uno no puede evitar preguntarse qué hace el Presidente de la República a las dos de la madrugada por una carretera en medio de la selva. Pero las otras versiones empiezan a llegar, con igual intensidad y rapidez. Entonces uno empieza a enterarse de que el Presidente está acompañado de por lo menos tres ministros en el recinto Nuevo Paraíso y que, casualmente, ese lugar celebrará el fin de semana unas elecciones para elegir a sus autoridades parroquiales, y que en la zona existen proyectos mineros para explotar oro.
Según el artículo 1 de la Constitución, el Ecuador es, como lo ha venido siendo desde hace mucho, un Estado soberano, y su soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Y según el Preámbulo de esa Constitución, fue “el pueblo soberano del Ecuador” el que, en ejercicio de esa “soberanía”, se dio a sí mismo esa Carta Fundamental, con todas las declaraciones, principios, derechos, obligaciones, garantías, atribuciones y limitaciones que contiene, concede, reconoce o impone. Por consiguiente, gústenos o no, esa Constitución de Montecristi está vigente y nos obliga soberanamente a todos, gobernantes y gobernados, desde su publicación oficial efectuada el 20 de octubre del 2008.
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