BUENOS AIRES (AP) — El senado argentino comenzó a tratar este miércoles el proyecto de ley oficialista que dispone la expropiación del 51% de las acciones que tiene la petrolera española Repsol en su filial YPF.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández tiene el control y el apoyo de grupos opositores en el Senado. El debate sobre la nacionalización de la principal petrolera, pivatizada en la década de los 90, dure casi todo el día.
El oficialista Marcelo Fuentes señaló al abrir el debate que la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) garantizará «el abastecimiento del crudo como recurso estratégico». Señaló que también «es necesario tener el control del drenaje de nuestras divisas».
La presidenta acusa a YPF de no haber hecho las inversiones suficientes y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo que es negado por la compañía. Seis provincias han anulado a la petrolera distintas concesiones de exploración y explotación en las últimas semanas, lo que supone 18% de su producción total de crudo de crudo en el país.
Después de su votación en el senado, el proyecto de ley, que ha generado el fuerte rechazo de España y de la Unión Europea, será girado a la cámara de diputados, que muy posiblemente lo convierta en ley el 3 de mayo.
Se espera que la mayoría de los legisladores opositores voten en general a favor del proyecto y pidan luego varias modificaciones durante la discusión en particular.
La petrolera española dijo en un aviso publicado hoy por la prensa argentina que «es falso» que YPF «haya reducido su producción de petróleo y gas más que el resto de las compañías» ya que «cinco de las nueve principales operadoras, productoras de petróleo, redujeron su producción entre el 14 y 30%, frente al 12% de YPF».
También afirmó que «tres de los nueve principales operadoras, productoras de gas, redujeron su producción entre el 50 y el 69%, frente al 23 de YPF».
Además Repsol enfatizó que es falso que la petrolera argentina haya descubierto menos reservas de petróleo y gas, al señalar que «siete de las nueve principales operadoras, productoras de petróleo, disminuyeron sus reservas entre el 1 y el 31%. En cambio, YPF las aumentó un 5%».
«Cuatro de las nueve principales operadoras, productoras de gas, disminuyeron sus reservas entre el 30 y 78%. En cambio, YPF sólo un 5%», agregó.
Repsol concluyó señalando que «todos estos datos, desde 1999 hasta la fecha, eran conocidos por el Gobierno de la Nación sin que éste hubiera comunidad disconformidad alguna».
Repsol afirmó ayer que invirtió más de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2011 en YPF.
Pero el ministerio de Planificación, cuyo titular Julio de Vido fue nombrado interventor en la empresa argentina, señaló el miércoles que ese valor de 20.000 millones de dólares «no representa las nuevas inversiones genuinas (netas)».
«Cuando a ese monto se le resta lo necesario para reponer el desgaste de los bienes (amortizaciones) y los bienes dados de baja, la suma invertida en esos 13 años desciende a sólo 3.669 millones de dólares», agregó en un comunicado.
Además señaló que esa inversión fue «a todas luces insuficiente» y que «entre 1999 y 2011, las reservas de petróleo de YPF se redujeron en un 40,5% y las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de gas un 25,4%». «Se trata de una conducta depredatoria. Una compañía petrolera que cada vez produce menos al tiempo que sus reservas decrecen, está siendo vaciada», afirmó.
También señaló que «Repsol se dedicó a buscar petróleo en otros países como Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia, Libia, Estados Unidos, Brasil, Angola, Rusia, Irlanda, Irak, Túnez y Portugal» y que desde que la petrolera española tomó el control de YPF en 1999 «recibió ganancias por 15.728 millones de dólares mientras las perforaciones de riesgo en el país se reducían a mínimos históricos».
La expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF supone la mayoría de la participación de la compañía española en su filial (57,43. El argentino Grupo Petersen tiene 25,46% de las acciones, el Estado 0,02 y el resto del paquete se distribuye entre inversionistas privados.
Según el proyecto de ley, la nacionalización de la petrolera implicará que de las acciones sujetas a expropiación, 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol quedaría con un porcentaje minoritario de 6,43%.