Por razones obvias, vinculadas con la clandestinidad de las maniobras, la corrupción es difícil de medir. Además, sus costos económicos y sociales ocultos exceden en mucho la simple suma aritmética de los sobornos que se pagan. Los costos económicos incluyen distorsiones de todo tipo, mientras que los sociales suelen implicar violaciones graves de derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables (mujeres, pobres, pueblos originarios, personas privadas de su libertad, etcétera), pues se trata de víctimas fáciles, con reducidas posibilidades de acceso a la justicia y con urgentes necesidades de bienes, servicios y obras públicas.
Sin embargo, los activos que se encuentran cuando los líderes cleptocráticos dejan el poder, los cálculos que se formulan en causas penales domésticas y los acuerdos de colaboración que firman las empresas multinacionales ante las autoridades de países centrales para reducir las multas que deberán pagar, permiten construir un ranking aproximado de algunos de los mayores casos (en montos ilegales) desde los años 60′ hasta la actualidad.
De menor a mayor, allí encontramos el caso de Nicolás Ceașescu, presidente de Rumania de 1967 a 1989, a quien luego de 22 años en el poder se le calculó una fortuna de $500 millones de dólares escondida en banzos suizos.
En el puesto N° 9 aparece Saddam Hussein, presidente de Iraq entre 1979 y 2003, que en 24 años amasó alrededor de $800 millones de dólares, también girados a entidades financieras suizas. El dictador iraquí comparte podio con Odebrecht: en 2016 la empresa reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que entre 2001 y 2016 pagó $788 millones de dólares en coimas en relación con cien contratos en doce países, principalmente de América Latina.
Octavo encontramos el caso Lava Jato, que implicó la extracción de entre $1.400 y $2.000 millones de dólares de la empresa estatal Petrobras (aunque los costos para las acciones de la compañía y para la economía y la democracia de Brasil fueron obviamente mucho mayores).
Ocupa el puesto N° 7 Isabel dos Santos, la megamillonaria empresaria e hija de José Eduardo dos Santos (presidente de Angola entre 1979 y 2017), cuya fortuna se calcula en $3.500 millones de dólares.
En el puesto N° 6, comparten podio con $4.000 millones de dólares el ex dictador nigeriano Sani Abacha, presidente durante apenas cinco años (de 1993 a 1998), y el famoso caso Mani Pulite, que movió esa cantidad de dinero en coimas durante los años 80 y comienzos de los 90 en Italia.
Para concluir la mitad inferior de la tabla aparece, en el puesto N° 5, Mobutu Sese Seko, el dictador que goberno Zaire (ex Congo) durante 32 años (entre 1965 y 1997), a quien se le calculó una fortuna de $6.000 millones de dólares escondida en bancos suizos.
La parte alta de la tabla arranca con Zine el-Abidine Ben Ali, presidente de Túnez (1987-2011) en el puesto N° 4. De acuerdo con las investigaciones locales, en especial las vinculadas al recupero de los activos, en 24 años Ben Ali amasó alrededor de $13.000 millones de dólares.
Luego encontramos a Haji Mohammed Suharto, presidente de Indonesia de 1967 a 1998 (el que más tiempo gobernó luego de Mobutu), cuya fortuna ilegal se calculó entre $15.000 y $35.000 millones de dólares.
Ocupa el puesto N° 2 el ex dictador egipcio Hosni Mubarak, quien gobernó el país entre 1981 y 2011, y que habría extraído rentas ilegales de entre $40.000 y $70.000 millones de dólares.
Y, finalmente, se lleva la medalla de oro de la corrupción Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas de 1965 a 1986, a quien se le estimó un patrimonio de entre $35.000 y $100.000 millones de dólares, y que pasó a la fama porque, según dijeran algunos de sus colaboradores, se llevó lingotes de oro del tesoro de su país valuados en $35.000 millones de dólares. Con Filipinas compartimos, además de la tabla de los mayores casos de corrupción del mundo, la colonización española y el híperpresidencialismo, régimen que exacerbó los poderes del sistema presidencial norteamericano y que es especialmente significativo a la hora de reflexionar sobre los déficits institucionales que explican nuestra corrupción estructural.
- Fuente: Infobae