La puesta en libertad de la terrorista de Sendero Luminoso Maritza Garrido Lecca, tras cumplir los 25 años de prisión por los que fue condenada, conmocionó y dividió hoy a Perú y reavivó el debate sobre qué hacer con los presos de la banda que cumplen sus condenas y retornan a la vida civil y que cada vez son más.
Garrido Lecca era la encargada de acoger y proteger al fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuando este fue detenido el 12 de septiembre de 1992 en el domicilio que la mujer mantenía en la capital peruana.
Su excarcelación se produjo hoy en medio de gran expectativa de los medios de comunicación y, tras abandonar el penal Ancón II, abordó el automóvil de un allegado para dirigirse a un domicilio en Lima.
Con 27 años, guapa, maestra de danza y bailarina clásica y criada en el seno de una familia de la pequeña burguesía limeña, el perfil de Garrido Lecca como «terruca (terrorista) pituca (adinerada)» fascinó y aterró a todo Perú, que no ha cejado de preguntarse estos 25 años que pasó en prisión cómo pudo formar parte del grupo terrorista que devastó el país y fue responsable de decenas de miles de muertes en las décadas de 1990 y 1980.
Durante toda la jornada, los medios del país estuvieron pendientes de la salida de prisión de Garrido Lecca tanto en las puertas del penal de Ancón II, al norte de Lima, como en la casa del acomodado distrito de Miraflores en donde supuestamente pasaría sus primeros días en libertad.
Mientras se aguardaba la liberación, autoridades, políticos, analistas y ciudadanos de todo tipo abrieron un debate sobre la idoneidad de que Garrido Lecca salga en libertad sin haber expresado arrepentimiento por su crímenes y sin haber pagado la reparación civil de 18.000 dólares por la que fue condenada.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, del opositor partido fujimorista Fuerza Popular, expresó su «indignación» por la «irracional» medida de liberar a la terrorista, mientras que a otros «que ni siquiera mataron» se les castiga «con penas enormes», una referencia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en prisión por violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.
El político reclamó en la sociedad civil una «organización» como la que tienen «los que defienden a los terroristas, los que denuncian a nuestros militares».
En el mismo tenor, David Pineki, hijo de la activista social María Elena Moyano, asesinada por Sendero Luminoso en 1992, expresó su condena a la liberación y lamentó que los terroristas salgan a la calle «sin mayores problemas».
Pineki, exiliado en España desde aquel entonces, afirmó que Perú está «retrocediendo de una forma muy grande, porque liberar asesinos que cometieron atrocidades es triste».
«Que nuestros políticos no hayan hecho nada (para impedir la liberación) no tiene sentido. Que unos asesinos estén por la calle es una tristeza y una marcha atrás», dijo en declaraciones a la emisora RPP.
Salomón Lerner, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes del terrorismo y el Estado cometidos en esa época, consideró sin embargo en declaraciones a Efe que esas críticas son en realidad «cuestionamientos al Estado de Derecho».
«Acusar de terruco es la manera de ganar apoyos, habida cuenta de lo que sufrió el país. Sirve un poco para disimular los problemas reales y concretos que no tienen que ver con la ideología senderista que vive el país. Esto lleva a situaciones que hay debates interesantes, pero que son realmente cuestionables», dijo. EFE