BUENOS AIRES (AP) — El Grupo Clarín afirmó este jueves que la ley de medios perjudica su sustentabilidad económica y la libertad de expresión, en una audiencia ante la Corte Suprema en la que el gobierno acusó al multimedios de constituir un monopolio que atenta contra la democracia.
El máximo tribunal argentino abrió la víspera un debate sobre la ley de medios audiovisuales de 2009 antes de emitir un fallo sobre la constitucionalidad de cuatro artículos que son rechazados por el multimedios. Hoy, los letrados de las partes enfrentadas contestaron las preguntas realizadas por el titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti.
Después de esta audiencia, en la que también han dado sus opiniones diez abogados y organizaciones no gubernamentales, la corte emitirá un fallo definitivo en fecha incierta sobre esta batalla judicial que libran las dos partes desde hace cuatro años, en la que ambas miden su poder ante la opinión pública.
Clarín afirmó ante el alto tribunal integrado por siete magistrados que la restricción del número de licencias audiovisuales y la fijación de una cuota tope de mercado que imponen los artículos cuestionados perjudican «la escala y el alcance del grupo».
Al respecto, el abogado Damián Cassino señaló que «cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones». «Si se reduce la audiencia, se reducen los ingresos y así la empresa no va a poder subsistir en forma competitiva», dijo el letrado, que defendió a Clarín junto a María Angelica Gelli, Alejandro Carrió y Carlos Winograd.
Los letrados cuestionaron que la ley estipule que los operadores de cable sólo pueden llegar a 24 ciudades y que los actores privados del mercado audiovisual no puedan sobrepasar el tope de 35% del mercado. La cuota de mercado es una limitación a la libertad de expresión ya que todo público que no esté en esa cuota no podrá acceder a la información de Clarín, afirmaron.
En representación del gobierno, Martín Sabbatella, titular de la entidad estatal que regula los servicios de comunicación audiovisual, defendió la plena vigencia de la ley de al señalar que de no ocurrir ello se avalaría «una posición dominante y una competencia desleal por parte de Clarín».
«Argentina tiene un problema de concentración mediática y eso hay que modificarlo», señaló Sabatella, quien agregó que «acá decidimos si avanzamos en la democracia o retrocedemos».
Los abogados de Clarín también criticaron que los artículos cuestionados impidan tener un canal de televisión abierta y otro por cable en una misma ciudad, situación que el multimedios enfrenta en Buenos Aires.
Carrió indicó que una pericia económica integrada en el expediente indica que la red Cablevisión de televisión paga, el principal negocio del grupo y a través de la cual se presta el servicio de internet con mayor cantidad de suscriptores, «hace a la empresa sustentable; si se altera esa red y se impone un número de licencias irrazonable se va a perder la voz crítica, quizá la única en nuestro país».
Con el esquema actual, «el multimedios puede competir con otros medios pese a que no recibe publicidad oficial y es objeto de hostigamiento por el gobierno nacional», agregó Carrió.
También argumentaron que, si se aplica la integridad de la ley, «al no existir certeza sobre la extensión de la empresa y el plazo de sus licencias no se podría acceder a créditos» en el mercado.
Además el grupo no va a poder atender los pagos de deuda ni hacer inversiones y tampoco operar en el mercado de internet y de televisión por cable, subrayaron en otro momento.
Clarín, que tiene el diario de mayor circulación regional con 800.000 ejemplares el domingo, aseguró además que en Argentina «hay muchísima pluralidad de voces». Puso como ejemplo que existen 17.000 radios pero el grupo tiene sólo ocho y señaló que en capital argentina hay 550 radios y la empresa tiene únicamente una AM y una FM. En tanto, en la misma ciudad el grupo posee uno de los seis canales de televisión abierta.
En cuanto a la televisión por cable, Clarín señaló que ofrece un servicio en todo el país en competencia con DirecTV y que compite con dos telefónicas a la hora de prestar el servicio de internet. Por último indicó que de las siete señales de noticias que existen en Argentina, el grupo tiene una.
Al cuestionar la posición dominante de Clarín, Sabatella argumentó que «si uno quiere una empresa para extorsionar a la democracia o para poner y sacar presidentes no alcanza con una empresa comunicacional, hay que armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas».
Otros abogados del gobierno indicaron que en Argentina hay 1.117 licencias de cable que están en manos de 709 licenciatarios, con lo que existe un promedio de 1,6 licencias por licenciatario. Cuestionaron que Clarín detente 237 licencias, es decir 200 veces más que el promedio de los licenciatarios del país, lo que expresaría «la dificultad del uso de la libertad de expresión».
El último fallo sobre el litigio entre Clarín y el gobierno lo expidió la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que en abril dio la razón a la empresa sobre varios aspectos de los artículos 45 y 48, que la obligan a desprenderse de licencias. Pero, a su vez, avaló la postura del Ejecutivo al considerar constitucionales otros artículos, el 161 y 41, que contemplan el plazo de un año para desinvertir y regulan la transferencia de licencias. Ambas partes apelaron ante la Corte Suprema los aspectos que les fueron adversos en ese fallo.