BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal apeló el martes la decisión de una corte federal de desestimar la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por un supuesto plan de encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer un atentado contra un centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994.
En tanto, el gobierno defendió un acuerdo alcanzado con Irán por considerar que sacó de su estancamiento la causa judicial sobre el ataque.
El fiscal Germán Moldes en su apelación solicitó en un escrito a la Cámara Federal que «se resuelva conceder el recurso a la brevedad y que se eleve el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal inmediatamente».
La sala I de la Cámara Federal desestimó el último jueves por falta de pruebas la denuncia contra la presidenta que fue presentada el 14 de enero por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto cuatro días después por causas que la justicia todavía investiga.
Nisman denunció que el gobierno acordó un plan con Irán para proteger a sus ciudadanos acusados del atentado, que según el fiscal se materializó en enero de 2013 cuando los dos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque, en el que murieron 85 personas. Sin embargo, este convenio no entró en vigor porque fue declarado inconstitucional por una corte federal en Argentina y el parlamento de Irán nunca lo avaló.
El objetivo oculto de esta maniobra, según Nisman, era restablecer las relaciones comerciales entre ambos países e intercambiar granos por petróleo, en un contexto de crisis energética en Argentina.
Según Nisman, quien basó su acusación principalmente en escuchas telefónicas, una comisión de la Verdad contemplada en el memorándum, era un mero órgano de fachada ya que ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda. La comisión debía ser integrada por un grupo de juristas internacionales.
En tanto que el gobierno reivindicó el martes el acuerdo con Irán como una salida para sacar de la parálisis la causa judicial por el atentado, ya que Teherán se niega a entregar a la justicia argentina a los sospechosos. El planteamiento gubernamental tuvo lugar durante una audiencia pública ante la Cámara de Casación Penal que debe resolver sobre la constitucionalidad o no del memorando.
Los representantes del Estado, además, insistieron que el acuerdo «en modo alguno significa modificar la situación de alertas rojas», tal como había denunciado Nisman y las organizaciones comunitarias judías, las cuales exigen la inmediata derogación del memorando.
«Hay una delegación de soberanía inadmisible», sostuvo Miguel Brofman, abogado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), durante la misma audiencia.
«Este acuerdo es inútil, impracticable y tiene por fin diluir las conclusiones que están consolidadas en la causa judicial y sumirla en un laberinto del que no va salir jamás», expresó el abogado querellante Miguel Brofman.
El tribunal fijó para el 8 de abril la sentencia sobre el caso, aunque esta fecha podría postergarse. (I)
Por Debora Rey, Associated Press