Al regresar a México de una visita de Estado a Francia el presidente Enrique Peña Nieto entonó hoy un mea culpa por la fuga del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán hace seis días y la Fiscalía puso a disposición de un juez a 7 funcionarios públicos por su posible complicidad en la huida.
«El Gobierno de la República no ha evadido su responsabilidad, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente», afirmó Peña Nieto en un acto público en el estado suroccidental de Michoacán, en el que se anunció una importante inversión para el país.
El gobernante comenzó su discurso en ese acto, retrasado varios minutos de la hora señalada, haciendo referencia directa a un caso que «marcó el ánimo» de los mexicanos esta semana, como él mismo reconoció.
Explicó que el inicio del acto en Michoacán se postergó precisamente porque estuvo en una reunión con miembros del gabinete de seguridad del Gobierno para conocer el estado de las investigaciones en torno a la huida del narcotraficante.
Relató que desde que supo del suceso, que le tomó camino a Francia, estuvo «dando puntual seguimiento» a las labores que inmediatamente ordenó a sus colaboradores para dar con el criminal y a las acciones para buscar a los cómplices.
El mandatario dijo entender la «indignación», la «frustración» y el «enojo» de los mexicanos por lo sucedido, y compartir esas emociones como presidente del país y como ciudadano.
Sin embargo, aclaró que México no va a resolver este tema «solo mediante enojos» y «llenándose de ira».
«La única manera de poder revertir este agravio será la recaptura» de Guzmán y «asegurar que quienes eventualmente hayan incurrido en un acto de complicidad sean castigados con el peso de la ley», apuntó.
«Estoy seguro y tengo la confianza plena de que así como hubo el valor, el coraje y la determinación de nuestras Fuerzas Armadas y de las áreas de seguridad de orden federal para lograr su aprehensión el año pasado, de igual manera vuelva a haberlos para lograr su reaprehnesión», añadió.
Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, se fugó el pasado 11 de julio del penal de máxima seguridad del Altiplano I, en el Estado de México (centro del país), a través de un túnel de kilómetro y medio que conducía a una casa a medio construir fuera de la cárcel.
La fuga, presumiblemente posibilitada por la corrupción de los guardas del presidio, es la segunda del capo después de su huida de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, el 19 de enero de 2001.
«El Chapo» había sido recapturado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, ya en el mandato de Peña Nieto (2012-2018).
Este viernes la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó que ha puesto a disposición de un juez a 7 funcionarios públicos de entre las 41 personas interrogadas tras la fuga, porque hay elementos suficientes para presumir su responsabilidad en el caso.
El juez tiene 72 horas para determinar si los pone en libertad o los procesa.
La PGR indicó en un boletín que se acusa a los 7 de evasión de presos cuando el detenido está siendo procesado por delitos contra la salud (narcotráfico), y que serán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Guanajuato (centro).
El jueves, al comparecer ante una Comisión Bicameral del Congreso mexicano como integrante del gabinete de seguridad, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que las autoridades mexicanas van a volver a poner tras las rejas a «El Chapo».
«Que no quepa duda, lo vamos a traer a prisión y ante la justicia mexicana, que no quepa duda», dijo Galindo.
«Estamos a lo largo y ancho del todo el país, cuidando las carreteras, los poblados, las fronteras, los aeropuertos», añadió.
Al final de esa reunión con los congresistas, otro de los comparecientes, el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, reveló por primera vez que el personal de seguridad del penal tardó 18 minutos en percatarse de que el reo había desaparecido de su celda.
Las autoridades mexicanas han impreso y comenzado a distribuir 100.000 folletos con fotografías de «El Chapo» en los que se ofrece una recompensa de 60 millones de pesos mexicanos (unos 3,8 millones de dólares) para quien facilite información confiable que lleve a su reaprehensión.
La fiscal general mexicana, Arely Gómez, que también compareció el jueves ante la Comisión, informó después que el pasado 25 de junio se recibió de la Cancillería una nota diplomática a través de la cual el Gobierno estadounidense hizo la petición formal de extradición de Guzmán.
El lunes, la cadena de televisión de EE.UU. CBS indicó, citando fuentes oficiales, que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) había informado al Gobierno de México de los planes de fuga del narcotraficante, algo que las autoridades del país latinoamericano han negado. EFE [I]