CARACAS (AP) — La fiscal general de Venezuela cuestionó el jueves una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso para reformar la constitución y afirmó que la sentencia representa un “retroceso” en materia de derechos humanos.
Luisa Ortega Díaz volvió a enfrentarse al máximo tribunal para objetar la sentencia, difundida la víspera, que determinó que no hace falta convocar a un referendo consultivo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como sostienes el presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno.
“Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos”, dijo Ortega Díaz a la prensa luego de introducir en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una solicitud de aclaratoria sobre el dictamen.
Al defender su acción la fiscal sostuvo que “bajo ninguna circunstancia” puede ser desmejorada la “progresividad” de los derechos humanos en lo referente a la consulta popular.
A finales de marzo Ortega Díaz consideró violatorias de la constitución dos sentencias que había emitido el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y denunció una “ruptura” del orden constitucional. A raíz de esa declaración la fiscal inició un progresivo distanciamiento del gobierno.
El proceso para la redacción de una nueva constitución que activó Maduro a principios de mayo ha sido duramente cuestionado por la oposición, que acusa al mandatario de dar un “golpe de Estado” y de imponer un “fraude constitucional”.
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