La exmandataria argentina Cristina Fernández (2007-2015), candidata ahora a la Vicepresidencia, volvió este lunes a los tribunales para seguir escuchando los cargos que se le imputan en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato.
Se trata de la segunda audiencia de la primera vista oral a la que se enfrenta la actual senadora, que tiene fueros y no puede ser detenida, pero sí juzgada y eventualmente condenada.
Tras la sesión inaugural del martes pasado, que generó enorme expectación, tanto en la prensa como en el panorama político, Fernández acudió a los juzgados federales de Buenos Aires con un bajo perfil, de nuevo sin dar declaraciones a la prensa y manteniendo hasta el último momento la duda de si iría.
Y es que el viernes pasado, el tribunal encargado del caso la autorizó a no acudir a las primeras sesiones -en las que se leen las acusaciones- siempre que acredite que se superponen con su labor como senadora.
Sin embargo, hoy no hubo sesión en el Senado y finalmente asistió, con escasa presencia de seguidores a las puertas de la sede judicial.
Dentro, y durante las poco más de cuatro horas que duró la sesión -con un breve descanso a mitad- la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) volvió a sentarse junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila, y pasó el tiempo consultando su teléfono móvil y lejos del resto de imputados.
Entre ellos, el empresario Lázaro Báez; su exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Además, en esta ocasión también acudieron a la sala -separados por un vidrio- personas del entorno de la expresidenta, en señal de apoyo, como su exministro de Economía Axel Kicillof o la de cultura, la cantante Teresa Parodi.
Como en la primera sesión, los secretarios del tribunal narraron los cargos imputados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
«Los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández montaron una matriz de corrupción en la realización de obras viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez a expensas del erario público, antecedente necesario buscando el propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner«, leyó uno de los secretarios.
En concreto, Fernández, que el 18 de mayo anunció su candidatura a la Vicepresidencia para las elecciones de octubre próximo, es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obras, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas del detenido Báez, excolaborador y amigo de la pareja.
De empleado bancario a inicios de la década de 1990, Báez pasó a ser uno de los empresarios más poderosos de la provincia y el país de mano del kirchnerismo.
Según la acusación, en los 12 años de mandatos de Kirchner -fallecido en 2010-, y de su esposa, se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total en Santa Cruz -hoy gobernada por Alicia Kirchner, hermana del exmandatario-, muchas de las cuales quedaron inacabadas.
El caso se inició en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, aunque tomó impulso en 2016 después de que la Dirección de Vialidad Nacional del Gobierno de Mauricio Macri denunciara que encontró una «maquinaria» que establecía sobreprecios del 50 % de media durante el kirchnerismo.
En la acusación volvió a hacerse hoy hincapié en que se trata de un «plan criminal» para cuya articulación fue necesaria la intervención «concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de funcionarios públicos», así como del conglomerado empresarial de Báez.
De Vido es ubicado como quien los Kirchner tenían por mano derecha en materia de contratación y manejo de fondos públicos y por ello «su rol resultó esencial e indispensable en la estructura de la maniobra delictiva».
El caso se vincula con las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan los presuntos ‘retornos’ de dinero público que el matrimonio presidencial habrían obtenido a través de millonarios alquileres de inmuebles de su propiedad a las empresas de Báez.
Con base en una auditoría realizada por el actual Gobierno, los fiscales señalan que Santa Cruz fue, entre 2003 y 2015, junto a Buenos Aires, la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para obras viales, con un 11 % del presupuesto total.
«Mientras provincias como La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, San Juan o Neuquén recibieron entre 2003 y 2015 menos de 3.000 millones de pesos (dólares), a Santa Cruz se destinó más de 13.000 millones de pesos sin una justificación suficiente», concluye la Fiscalía.
Si bien la expresidenta, que insiste desde hace tiempo que es víctima de una persecución política y niega los cargos, no dio declaraciones, si lo hicieron colaboradores como Oscar Parrilli, exsecretario de la Presidencia y de Inteligencia.
«Es muy berreta todo esto. Una paparruchada, la verdad. Evidentemente es una causa total y absolutamente política», señaló a la prensa. EFE