Desvirtuando la bondad de los bonos sociales

Por Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador

El incremento del Bono de Desarrollo Humano es una realidad indiscutible. El financiamiento del mismo, sin importar de donde venga, está garantizado por todos los precandidatos presidenciales y, en menos de lo que canta un gallo, seguramente entrará en vigencia el proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social que haga realidad este incremento.

Proyecto que no solamente pretende financiar gran parte de un importante aumento de este subsidio, sino que también mete mano en temas del sector privado que no le incumben al sector público. Como es de esperar, el proyecto ya ha recibido un frontal rechazo, tanto del sector directamente aludido, como de diversas Cámaras y analistas.

Más allá del hecho de pretender financiar un bono de carácter social con utilidades provenientes de un sector que definitivamente no necesita ningún incentivo tributario, la forma como se han manejado las cosas, tiene un sabor bastante agridulce, que no termina de convencer a quienes aspiramos a ser imparciales en el análisis de los hechos.

La realidad es, que no es posible cuestionar la necesidad de subsidiar específica y técnicamente a grupos humanos necesitados, cuya situación los pone frente a menores oportunidades económicas, educativas, de salud y sociales en general. Este es un principio, en el que los ecuatorianos, o la inmensa mayoría, estamos fundamentalmente de acuerdo. En lo que existe discordia, y creo yo, confusión de conceptos, es de a quién le corresponde ese mérito, y quién debe pretender ser el héroe de la película.

Se entiende que es el sector político el protagonista de la implementación de ideas y proyectos, que es el sector público mediante la ejecución de políticas públicas el operador de esas políticas. Sin embargo, la sociedad ecuatoriana, la clase media, el sector productivo, quienes de acuerdo a recientes declaraciones del Servicio de Rentas Internas financian el 60% del presupuesto del estado, deben ser considerados como los reales facilitadores de la implementación de estos beneficios.

En primera instancia, el Bono de Desarrollo Humano es una realidad gracias al trabajo y altruismo de la misma sociedad ecuatoriana, y así es como deben entenderlo tanto los políticos en general, como quienes eventualmente se encuentran en posición de gobernar. Por lo tanto, y a pesar de la justicia del mismo, es necesario tener presente, que este beneficio debe tener límites que no comprometan la estabilidad de ningún sector productivo y menos aún la sustentabilidad en el tiempo del mismo proyecto.

Segundo, no se debe regular directamente al sector privado en temas tan privativos de este sector, como son los honorarios de sus gerentes, administradores, representantes legales, directores, etc. Mucho más sensato y menos cuestionable, sería eliminar las grandes remuneraciones de estos funcionarios de los rubros considerados como deducibles para el cálculo del impuesto a la renta; generando así una mayor base imponible en las empresas privadas, que tienen el derecho de pagar cuanto deseen a sus administradores. Pero jamás debería el sector público dictarle al dueño de una empresa, cuanto debe y puede pagar a sus ejecutivos. Eso es simplemente un abuso, y va en contra del principio de libertad de trabajo y las garantías que el Estado debe brindar a todos sus ciudadanos por remuneraciones y retribuciones justas.

Tercero, se puede y se debe regular, en qué y cómo gastar el beneficio del subsidio. Parte del bono no debería ser en efectivo y ser direccionado exclusivamente mediante ordenes de compra para la adquisición de alimentos, zapatos, vestimenta, medicinas y algún rubro adicional que solamente sea de producción nacional. Así, el bono se convertiría en un combo que beneficiaría a quienes lo reciben, a las empresas ecuatorianas que producen los bienes escogidos, y finalmente, al mismo estado que recuperaría parte de esa inversión en impuestos generados por las empresas que incrementarían sus ventas y beneficios.

No nos beneficia como sociedad enfrentamientos con tintes dañinos y politizados, nacidos de una buena y solidaria acción como es la ayuda a los más necesitados.

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