Ecuador, viernes 19 de enero de 2018

El control de la justicia es vital para las dictaduras

Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos

Las dictaduras del siglo XXI en las Américas controlan los sistemas de justicia de sus países, han suplantado las constituciones políticas, han creado leyes a su medida, han enjuiciado, destituido, obligado a renunciar o dejado cesantes a los jueces y fiscales anteriores a sus gobiernos y han nombrado jueces y fiscales que son un brazo del poder totalitario que ejercen.

Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos


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Las dictaduras del siglo XXI en las Américas controlan los sistemas de justicia de sus países, han suplantado las constituciones políticas, han creado leyes a su medida, han enjuiciado, destituido, obligado a renunciar o dejado cesantes a los jueces y fiscales anteriores a sus gobiernos y han nombrado jueces y fiscales que son un brazo del poder totalitario que ejercen.

Los poderes judiciales en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua son el medio de represión y persecución política que los Castro, Maduro, Correa, Morales y Ortega usan para neutralizar y eliminar a sus adversarios, pero además para mantener un ambiente de miedo en la ciudadanía en general.

Las dictaduras del siglo pasado ejercían la represión por la fuerza, la prisión y por la eliminación física. Las dictaduras del siglo XXI reprimen y aterrorizan por medio de las acusaciones y procesos judiciales, buscan eliminar al adversario con sentencias dictadas por sus jueces y con el asesinato de su reputación digitado por su aparato de comunicación. En los dos tipos de dictadura, el exilio es elemento común, pues los perseguidos que logran evitar ser presos políticos o ser eliminados, saliendo al exterior, quedan sometidos a esta forma de castigo.

Todos los dictadores del siglo XXI sin excepción se han presentado en los medios de comunicación para infamar y señalar el tipo de acusación y la condena contra determinados ciudadanos que van desde políticos de oposición o con opción de futuro, empresarios propietarios de medios de comunicación o de empresas o industrias en las que el gobernante fijó su interés, dirigentes sindicales no sometidos, indígenas que defienden sus áreas protegidas o reclaman por sus derechos, periodistas críticos al gobierno, dirigentes cívicos, jueces que dictaron alguna decisión contraria a las instrucciones o deseos del dictador, congresistas o senadores en ejercicio, militares, policías y ciudadanos en general.

Luego los fiscales y jueces simplemente convierten en trámites y sentencias judiciales las instrucciones recibidas. No hay independencia alguna del Poder Judicial, todo lo contrario, los jueces y fiscales han sido nombrados y están sometidos a las órdenes del presidente, lo que es en sí mismo corrupción, pero que además da lugar a la generalización de la corruptela, pues en los asuntos en los que no hay instrucción política del más alto nivel, funcionan las de los niveles políticos medios y menores por pagos y prebendas, en una suerte de comercio de fallos, sentencias y resoluciones que llaman justicia.

El Poder Judicial es el poder encargado del control de los otros poderes, es la parte esencial de la democracia cuya independencia garantiza el derecho a impugnar, revisar, recurrir y observar las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de todos los órganos del estado. Son los jueces los llamados a dirimir controversias entre particulares, entre los ciudadanos y los funcionarios, y entre estos y el estado mismo.

Las competencias de controlar la constitucionalidad y de juzgar son inherentes a la democracia. Cuando pasan a ser una herramienta del jefe del Poder Ejecutivo, estamos frente a la evidencia de que se terminó la democracia, porque el control de la Justicia es vital para las dictaduras. Las dictaduras no sobreviven con justicia independiente porque sus líderes terminarían rápidamente en la cárcel.

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* Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo boliviano, es director del Interamerican Institute for Democracy, en Miami.