Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
El próximo lunes la Corte Internacional de Justicia anunciará su sentencia en el contencioso de límites marítimos entre Perú y Chile. En anticipación a este evento, el presidente chileno Sebastián Piñera convocó para ayer a una sesión del Consejo de Seguridad, algo que no había sucedido desde hace muchos años, con el propósito de analizar los argumentos de la defensa jurídica del país.
A pesar de estar muy confiado en una decisión favorable, el gobierno chileno ha sido muy prudente en el manejo de este asunto. Lo ha tratado como un asunto de Estado, una posición que ha sido aceptada y es compartida por todo el espectro político. En consonancia con la madurez de esa nación, el presidente Piñera ha mantenido reuniones con la presidenta electa Bachelet así como con los expresidentes y otros líderes políticos.
Perú y Chile han reiterado su compromiso de respetar y cumplir la sentencia de La Haya. Es más, para evitar tensiones, los presidentes de ambas naciones han acordado emitir simultáneamente un mensaje a sus compatriotas luego de conocer la decisión de la Corte Internacional.
La controversia gira sobre un asunto clave: si los límites marítimos de ambas naciones ya quedaron demarcados en 1952 y 1954 cuando ambas naciones conjuntamente con Ecuador celebraron sendos tratados internacionales para, entre otras cosas, administrar los recursos pesqueros que comparten en sus costas. La posición chilena ha sido que sí, que dichos tratados ya dejaron determinados los límites marítimos de los signatarios de esos instrumentos, y que, por lo tanto, Perú debe respetarlos. El trazo que se hizo fue siguiendo el paralelo marítimo.
Perú ha sostenido la tesis contraria, esto es, que dichos acuerdos no fueron entendidos como “tratados de límites” sino convenios celebrados simplemente para regular los recursos pesqueros, y que en todo caso el trazo de los límites marítimos fue, según ellos, impuesto por Chile y en violación de parámetros internacionales. Desde la perspectiva de la Corte la posición chilena tiene el atractivo, además de su solidez jurídica, de evitarle entrar en el complicado terreno de fijar límites marítimos entre dos naciones que en el pasado han ido hasta una guerra. La reciente experiencia de lo ocurrido con la disputa entre Colombia y Nicaragua –en la que aquella ha llegado al extremo de desacatar la sentencia de La Haya– es un lamentable recordatorio de los riesgos que implican esta tarea. Pero por otro lado, la Corte Internacional ha dado muestras en los últimos años de no rehuirle a casos complicados como es este.
Estando en juego nada menos que la naturaleza jurídica de los tratados de 1952 y 1954, y habiendo el Ecuador históricamente adherido a la tesis chilena –que ellos ya demarcaron los límites marítimos entre las tres naciones–, la sentencia de La Haya es de suma importancia para Ecuador.
El Gobierno, que en su momento fue notificado con el proceso, ha preferido mantenerse alejado de este caso. La sentencia que se dicte es inapelable.
* El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.