Con esta consigna el Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha votaba a favor del juicio político en contra de Dilma Rousseff, que el pasado domingo fue aprobado por 367 votos en la cámara baja del Congreso y ¡vaya que tenía razón!
Un espectáculo similar a un partido de fútbol se desarrolló en los exteriores del legislativo en Brasilia: se colocaron pantallas gigantes en diferentes ciudades del país, para seguir voto a voto, la decisión que tomarían los diputados. Entre lágrimas y gritos se celebraban o lamentaban los votos, que después de su discurso iban presentando los representantes del legislativo.
Este lunes 25 se designó la comisión especializada del Senado, que analizará el juicio político aprobado en la cámara baja, en un primer sondeo realizado por medios brasileños se asegura la mayoría simple para la realización del juicio formal, durante el cual se destituye por 180 días a la Presidenta, 20 de esos días le corresponden para hacer su defensa, dando lugar al paso final, que es una última votación que requiere de la mayoría de dos tercios, 54 votos, para la destitución definitiva de Rousseff y la imposibilidad de candidatizarse a ningún cargo de elección popular durante ocho años, como sucedió en 1992 con la destitución del Presidente Fernando Coller, actual senador conservador.
Pero, ¿de qué es acusada exactamente Rousseff? ¿corrupción?, ¿enriquecimiento ilícito?, ¿tal vez de haber desviado fondos públicos para su campaña de 2014? O ¿por los sobornos políticos con dinero de Petrobras?, pues por ninguna de las mencionadas y justas razones. La motivación que han presentado los tres juristas ante la cámara (uno de los cuales fundo el PT) es la de violar normas fiscales, al haber usado fondos de bancos públicos en programas del gobierno, para cubrir el déficit fiscal que existía en el país antes de asumir su segundo mandato en 2014, lo que por cierto para algunos juristas no representa responsabilidad criminal por lo que no es legítimo el juicio que se sigue en su contra, pues el método habría sido usado por varios gobiernos anteriores y el ilícito se debe cometer durante el periodo en funciones para poder iniciarse el proceso.
El juicio en realidad respondería a una especie de catarsis de la clase política brasileña, que pretende entregar a una débil e impopular mandataria, como sacrificio a la opinión pública. Este sacrificio serviría como cortina de humo, para que los ciudadanos olviden las investigaciones de la operación “Lava Jato”, que involucra judicialmente a altos funcionarios del oficialismo y oposición, además de una decena de prominentes empresarios.
Y es que resulta que el Congreso no tiene la suficiente autoridad moral para juzgar a Rousseff, ya que el 53.7% de la Cámara y el 55.6% de los miembros del Senado, están o han sido judicializados, por delitos que van desde la tortura hasta la corrupción, por lo que pretenden evadir el escrutinio público a través del juicio y lo han demostrado en sus motivaciones cuando presentaron sus votos el pasado domingo en la Cámara, en donde han votado por los “masones de Brasil”, “por el comunismo que amenaza este país” y hasta “por la paz en Jerusalén”, pero muy pocos lo han hecho sobre si existió o no una mala administración de los fondos de los bancos públicos, para un maquillado del déficit fiscal.
El mismo Presidente de la Cámara que ha impulsado el proceso, se encuentra con una investigación en la Comisión de Ética por mantener cuentas en el exterior y acusaciones de corrupción, quien al verse sin el apoyo de los diputados del oficialismo, decidió impulsar una de las 9 denuncias en contra de la Presidenta, siendo la que menos afecte a su partido la que dio trámite, porque su compañero en el Partido de Movimiento Democrático Brasileño y actual vicepresidente Michel Temer, sería uno de los implicados de comprobarse el desvió de fondos públicos para la campaña de 2014, que fue otra de las denuncias presentadas.
La crisis económica brasileña no se resolverá con la probable destitución de Rousseff y traerá una inestabilidad política, que regresará al poder a la vieja clase política, evitándoles la cárcel por sus crímenes y eliminando la posibilidad de una nueva generación que se encuentre alejada de los vicios que oficialismo y oposición han compartido.
El Vicepresidente Temer o el Presidente de la Cámara Cunha resultan aún más impopulares que la actual mandataria, un último sondeo indica que 3 de cada 5 brasileños quieren que el juicio político sea a Dilma y Temer y el 84% de la población pide que se dé continuidad a las investigaciones en contra de Cuhna, que asuman el poder agravaría la crisis política en Brasil, a niveles como los vistos en Argentina en 2001 o Ecuador en 2005, con la consigna de ¡Que se vayan todos!, agravando los frágiles sistemas democráticos de la región.
La corrupción no distingue preferencias ideológicas, tanto quienes son de derecha como los que se proclaman de izquierda se encuentran manchados por la descomposición del ingreso de dinero mal direccionado en la económica del país, en donde el falso espejismo del desarrollo –producto del alza de precios en las materias primas- está cayendo y los anhelos de convertirse en potencia mundial se ven cada vez más lejanos.
@giuseppeocv