Durante muchos años, su blanco ha sido Colombia. Y ahora, el tan mencionado, Tratado de Paz abrirá las puertas al Socialismo del Siglo XXI, quizá de manera irreversible.
Luego de cinco décadas de brutal conflicto terrorista, se dio una larga negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, de la Cuba comunista. El acuerdo de 297 páginas será sometido a plebiscito este domingo. El “sí” necesita tener la mayoría de los votos y un 13% de apoyo del registro electoral.
Por los dos lados, la aprobación es posible. La mitad del electorado planea ir a votar, y el sí lleva la ventaja. Hay quienes están en contra del acuerdo y prefieren abstenerse para desalentar la participación, pues consideran que el referendo es inconstitucional.
Son pocas las personas que leerán el acuerdo antes de votar, pero el demonio se esconde en sus detalles. El firme apoyo de los vecinos, miembros de la Alianza Bolivariana, es prueba de lo que se encuentra tras la fachada.
Regímenes – como Ecuador y Venezuela – mantienen sistemas económicos asfixiantes y un descuido evidente por los derechos humanos, por ejemplo el de la libre expresión. Venezuela se encuentra en el puesto 159, y último, en el ranking presentado por el Fraser Institute este año; y Ecuador, en condiciones similares, se ubica en el puesto 142.
Actualmente, Venezuela es más violento y peligroso que Colombia, con milicias pagadas por el régimen como los Tupamaro. Desde la semana pasada, el Hospital Universitario de Caracas está tomado por una banda criminal. En el 2016, más de 100 policías han sido asesinados en Venezuela.
Las FARC se han declarado públicamente como Chavistas y tienen fuerte presencia en Venezuela, por lo que han negociado en esa dirección. El acuerdo contempla 161 compromisos, de los cuales 114 son solamente para el gobierno colombiano.
Más allá de la impunidad, los términos del documento crean las bases políticas e institucionales para un nuevo miembro de la alianza bolivariana. Colombia puede despertar al sueño Chavista: una Gran Colombia socialista, que tuvo poca duración en el siglo XIX bajo el poder de Simón Bolívar.
El acuerdo incluye la creación de Consejos para la Reconciliación y Convivencia, una reforma agraria a largo plazo, y diez curules asegurados para las FARC a partir del 2018, cinco en el Congreso y cinco en el Senado. Es decir, nueva burocracia socialista y poder político garantizado.
Las FARC, quienes han boicoteado elecciones pasadas, ahora son una fuerza que se debe tomar en cuenta. Por una parte, ya triunfaron, pues el apoyo al Presidente Juan Manuel Santos en las últimas elecciones incluía simpatizantes cuya prioridad era el acuerdo.
Este intimidante y violento grupo será capaz de acceder a fondos del narcotráfico, recibir apoyo de movimientos chavistas en Colombia, y hacer propaganda desde TeleSUR.
El acuerdo prohíbe el narcotráfico, pero ciertos frentes de las FARC ignorarán este término. La segunda guerrilla más grande, el Ejército de Liberación Nacional, ya está lista para ocupar territorio liberado y sacar ganancias.
Es más, muchos políticos aprueban la agenda del socialismo del siglo XXI. Un ejemplo es Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero, quien ahora aspira a ser candidato presidencial y ya cuenta con 40% de apoyo.
Para empeorar el escenario, el acuerdo llega cuando los colombianos están vulnerables y desesperados. Como indica el senador Iván Duque, “[Colombia] tiene las condiciones perfectas para la retórica Chavista: crisis económica y corrupción”.
Como otros países latinoamericanos, Colombia presenta tendencias socialistas. Con el puesto 116 del ranking de Fraser Institute, solamente le falta un empujón para alinearse con sus vecinos autoritarios.
El costo de implementación del acuerdo acelerará al círculo vicioso, pues se requiere de deuda nacional y nuevos impuestos. La negociación ya representó decenas de millones, lo cual es mínimo comparado con lo que viene: más de $187 mil millones en los primeros 10 años. Uno de los gastos es el subsidio a las FARC – entre 10.000 a 17.500 miembros – con un pago único de $700 y $217 mensuales por dos años.
Las efusivas felicitaciones internacionales, como la del Presidente Barack Obama, muestran ingenuidad e ilusión. Existe motivos por los que el ex presidente Álvaro Uribe negó esas concesiones. El entendió que no había un punto común, y que las FARC incumplirían cualquier acuerdo.
Colombia anhela la paz, pero no debe capitular ante la más sangrienta de las guerrillas en América Latina. Los votantes aún pueden rechazar este acuerdo y perseguir una solución justa y duradera.
Fergus Hodgson (@FergHodgson) es consultor económico para el Instituto Frases en Canadá, y miembro de investigación en el Tax Revolution Institute en Washington, DC.
Coolaboración y Traducción de Paz Gómez, asistente de traducción e investigación en Antigua International, cofundadora y coordinadora académica de Libre Razón en Quito, Ecuador.
*La versión en inglés de este artículo fue publicada en Fox News Latino.