Es la garantía que un Estado debe proveer para que las personas puedan desenvolverse sin que sus bienes y derechos sean violentados. Asegura que la situación jurídica no será modificada sino mediante procedimientos legítimos. Permite ejecutar un plan de negocios a largo plazo.
En eso existe oportunidad de mejora. Los poderes del Estado, llamados a servir de peso y contrapesos, deben actuar con independencia de la función ejecutiva. En los últimos diez años hemos sido testigos de que en ciertas ocasiones se ha gobernado contraviniendo la Constitución, sin que nadie pueda oponerse usando vías legales. Se cumplían las órdenes del presidente con la ratificación de las otras funciones del Estado.
Pudimos ver cómo Trump vetó, a través de una orden ejecutiva, la entrada a Estados Unidos de musulmanes provenientes de siete países. La orden solamente estuvo en vigencia ocho días, porque un juez americano ordenó su suspensión. Posteriormente el recurso de apelación interpuesto por el gobierno fue rechazado por un tribunal federal. Esa es la ventaja de los poderes independientes. Quien preside el poder ejecutivo está imposibilitado de obrar como monarca.
Aquí no ocurre lo mismo. Los inversionistas nacionales y extranjeros lo saben. Por eso prefieren invertir en otros países de la región en los que los poderes del Estado sí son independientes. Los resultados se reflejan en la poca inversión extranjera que recibe nuestro país en comparación con Colombia, Chile y Perú; a pesar de las oportunidades que nuestro territorio ofrece.
Un poder judicial independiente también ayudaría a frenar la corrupción pública: una hemorragia de los recursos públicos a través de la malversación de nuestros impuestos. Así evitaríamos también que los servidores públicos propongan cada cierto tiempo incrementar la carga tributaria que nos quieren cobrar a los contribuyentes como consecuencia de esta forma de perder nuestros tributos. La corrupción es otro factor por el cual los inversionistas prefieren ubicar sus capitales en otros lugares.
La terminación de tratados bilaterales de inversión fue otra señal de inseguridad jurídica. Los socialistas del siglo XXI alegaron que no estaban de acuerdo en la forma de resolver los conflictos. Una barbaridad ideológica para atarle las manos al presidente entrante. El arbitraje internacional es el procedimiento más usado en el mundo para solucionar disputas. Es justicia privada expedita, impartida por tribunales arbitrales ubicados en terceros países, ajenos al convenio. De hecho, nuestro Estado sí aceptó el arbitraje internacional cuando hizo ventas anticipadas de petróleo. En ese caso no lo considera inconstitucional. Doble moral, compañeritos.
Somos un mercado pequeño comparado con otros países de la región. Ir contra la tendencia mundial nos obliga a competir en desventaja para atraer la inversión que crea empleos adecuados, que son los que queremos. No aspiramos al subempleo, ni emprendimientos por necesidad. La captación de inversión extranjera conlleva también nuevos conocimientos y la tecnología que requerimos.
Terminar tratados bilaterales de inversión desmotiva la posibilidad de que las empresas nacionales se expandan a los países con los que teníamos estos acuerdos. Nuestras estrategias para atraer inversionistas e incrementar el comercio exterior deben ser revisadas inmediatamente. Es prioridad para prosperar.