Solo en un país con un sistema judicial como el de Correa pudo darse la persecución al exdiputado Fernando Balda, quien fue secuestrado por agentes de seguridad dependientes del presidente de la República; agentes que han admitido su infracción y que ahora se los estaría presionando para que mientan y salven al exdictador de un delito de Estado. Solo esa justicia pudo dejar impune a los asesinos del general Jorge Gabela.
Solo ella pudo enjuiciar penalmente a una líder política por el simple hecho de llamarle “nuevo rico” a uno de los hermanos creacionales. Solo en esa dictadura se pudo encausar penalmente al diputado Cléver Jiménez por cumplir con su deber o acosar a activistas como Fernando Villavicencio. Solo esa justicia fue capaz de condenar a tres años de prisión a un periodista y a los directores del diario donde él escribía por un artículo de opinión que desagradó al jefe de la mafia, y ordenarles a ellos y a la compañía que editara el diario, pagarle 40 millones de dólares al exdictador; y, eso, a pesar de que aún no se había establecido la posibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas. (Aquí el famoso “error inexcusable” no aplicó, obviamente).
Víctimas como las mencionadas, y muchas más, tuvieron una cosa en común: todas ellas osaron criticar a la dictadura, denunciaron sus abusos, revelaron sus asaltos o protestaron ante sus violaciones de derechos humanos. El régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador convirtió al Poder Judicial en su más eficiente maquinaria de persecución y escudo de impunidad.
No solo se usó la justicia para perseguir a opositores y proteger a los nuevos ricos que surgieron a la sombra del frondoso árbol de la corrupción. Se llegó al extremo de usarla hasta para acrecentar el patrimonio personal del exdictador. Su descabellada demanda contra un banco invocando un dizque daño moral fue acogida dócilmente por los respectivos magistrados, los que fueron luego elevados a los altares de la jerarquía judicial como agradecimiento por los 600.000 dólares que le regalaron al exdictador, y que se los llevó luego al exterior sin pagar impuestos. Es una sentencia resultado de la corrupción que no debe ser invocada por abogados y jueces decentes. En fin, con las debidas excepciones tuvimos jueces que se convirtieron en marionetas de una banda de asaltantes. Jueces a quienes hasta se les ordenaba que nunca fallaran a favor de los ciudadanos en el contencioso administrativo o tributario, e inclusive en la jurisdicción constitucional.
Los responsables de este sistema judicial corrupto y decadente debieron renunciar luego de la consulta popular de febrero. Pero su prepotencia –¡ah!, esa prepotencia que fue la marca registrada de los pandilleros que nos gobernaron– simplemente los terminó embobando. (O)