Gina Montaner
Miami, Estados Unidos
La noche sería larga. Suele suceder cuando el gobernante venezolano Nicolás Maduro hace uso de la televisión oficialista para lanzar sus interminables peroratas. En esta ocasión tenía la excusa perfecta: los hechos confusos del 4 de agosto, cuando unos drones explotaron mientras presidía un desfile militar, fueron consecuencia de un supuesto atentado contra su persona.
Como era previsible, en su arenga del martes pasado, que se prolongó más de dos horas, acusó a la “derecha golpista” de estar confabulada con el ya expresidente de Colombia Juan Manuel Santos para derrocarlo. En concreto, señaló al opositor Julio Borges, hoy refugiado en Bogotá, y al también diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens como dos de los principales promotores de un plan para asesinarlo.
De hecho, mientras el mandatario hablaba en directo, Requesens era apresado. Dos días después la policía política allanó la casa de Borges en Caracas sin siquiera tener orden de registro. En su errática alocución, Maduro pasó de las lecciones de historia a mostrar presuntos organigramas del complot y videos con unos hipotéticos cómplices que implicaban a sus adversarios políticos.
No faltó tiempo para que su hombre fuerte, Diosdado Cabello, anunciara que la Asamblea Nacional Constituyente despojaría de inmunidad parlamentaria a ambos diputados. Con su habitual estilo siniestro, Cabello anticipaba la ola de terror. En la calle el padre de Requesens, con gesto resignado y grave, denunciaba ante la prensa el arresto de su hijo, consciente del peligro que corre en manos de los esbirros del régimen.
La hermana del diputado y líder estudiantil, que también fue detenida y luego puesta en libertad, ha reiterado que seguirán dando la cara ante un gobierno que busca chivos expiatorios y “que les tiene miedo a los jóvenes”. El régimen sabe que son ellos, frustrados por la falta de oportunidades, los que pueden ganarle el pulso en su lucha por poner freno a los abusos sistemáticos.
Son los atropellos a los que el gobierno de Maduro tiene acostumbrados a los venezolanos, violando los principios básicos de un Estado de derecho. Se comprende la preocupación del padre del joven líder de Primero Justicia, pues esta nueva arremetida contra la oposición democrática forma parte de una estrategia de debilitamiento que comenzó con Hugo Chávez hace ya casi dos décadas –su modelo estaba calcado de la dictadura castrista en Cuba– y ha minado a unos opositores que a duras penas dan la batalla en el país o se han diseminado en el exilio.
Ninguna de las “pruebas” esgrimidas por Maduro tiene solidez ni está avalada por una investigación independiente que pudiera esclarecer el turbio episodio que acabó con una estampida de militares. Poco contribuyó a la solvencia de su intervención la presencia de dos soldados con lesiones leves y semblantes pétreos, mientras su presidente amenazaba a los “responsables” que presuntamente reciben órdenes de Estados Unidos y Colombia para acabar con su vida. Otra cortina de humo para tapar lo que es evidente: los venezolanos están en manos de un régimen despótico, inoperante y corrupto.
Son momentos muy aciagos para Venezuela, atrapada en un bucle de represión y escasez que parece no tener fin. El pueblo sufre, la gente huye y el país está hundido en la miseria.
Los diputados de la Asamblea Nacional intentan preservar lo poco que queda del engranaje democrático con un comunicado en el que se exige una investigación imparcial y se señala al mandatario como el “único responsable de la violencia” que se vale de la desinformación para sus fines. Lamentablemente, al sucesor de Chávez y su entorno lo único que les importa es mantenerse en el poder a cualquier precio.
Difícilmente se llegará a conocer toda la verdad de lo que sucedió el pasado 4 de agosto, cuando en el preciso instante en que Maduro aseguraba, “Ha llegado el momento de la recuperación económica”, se escuchó una explosión desde el cielo. Si no fuera por los drones, bien podría haber sido un castigo divino por sus mentiras.
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