Durmiendo con el enemigo

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

¿Qué otro vergonzoso episodio tiene que suceder como la reciente fuga de uno de los principales miembros de la mafia correísta para que el Gobierno reaccione y cumpla con una de sus ofertas de campaña, como fue la de establecer en el Ecuador una comisión internacional bajo el auspicio de la Secretaría General de las Naciones Unidas para combatir el crimen y la impunidad al estilo de la que existe en Guatemala? El reconocimiento público que han hecho tanto el presidente como otros altos funcionarios de que el correísmo sigue incrustado en el aparato público –juzgados, fiscalías, ministerios, empresas públicas, cortes, Legislatura, etc.– es gravísimo, pues parecería que es una excusa adelantada al probable fracaso de una gestión que comenzó con tan buenos augurios.

Si a ese reconocimiento de una realidad no le siguen medidas radicales para derrotar a la corrupción que ha quedado enquistada tras una década de orgías, así como para recuperar lo robado, el Gobierno deberá tener en claro que a medida que el tiempo avanza irá siendo arrinconado por todos lados hasta ser triturado. ¿Cómo cree el presidente Moreno que serán sus últimos, digamos ocho meses de gobierno si no da un giro sustancial a su política ahora? ¿Cree que podrá gobernar?

No hay nada, ni un artículo, ni un párrafo, ni un inciso de la mal escrita y absurda Constitución que nos gobierna que impida al Ejecutivo suscribir un convenio de asistencia internacional con la Secretaría General de las Naciones Unidas en el marco de la Convención Internacional contra la Corrupción de la que el Ecuador es parte signataria. ¿Puede alguien creer que fue una simple coincidencia el que la anterior canciller haya sido quien más se opuso a que el Ecuador siga el ejemplo de Guatemala y firme un convenio similar con la ONU, tal como el presidente Moreno lo había ofrecido en campaña?

En todo caso, téngase en cuenta que no se trata de sustituir a la actual Fiscalía por una comisión internacional, sino de colaborar con ella, tal como sucede en el mencionado país centroamericano. Cuánto ganaría el país si el fiscal que dirija dicha comisión internacional sea alguien que provenga de las filas de Transparencia Internacional, por ejemplo, o de la Fiscalía de Brasil o de España, acompañado de un cuerpo de 15 o 20 fiscales expertos en delitos financieros, lavado de activos, narcotráfico y otras actividades similares que florecieron durante la década del correísmo. Todos ellos no comprometidos con la banda de nuevos ricos que asaltaron las arcas fiscales y que hoy andan muy orondos con o sin grilletes.

Las próximas elecciones seccionales son una oportunidad para que los ciudadanos decidan en una consulta popular –bastaría una sola pregunta– si quieren o no que se establezca una comisión internacional contra la impunidad bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Aunque el presidente lo podría hacer sin necesidad de dicha consulta, un pronunciamiento popular le daría más fuerza política. A menos que el Gobierno prefiera seguir durmiendo con el enemigo.