Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El Estado ha mostrado ser un administrador negligente. Tiene el monopolio de la explotación petrolera y por eso, la producción cae en lugar de subir constantemente. No hay eficiencia en la operación a pesar de ser uno de los pilares financieros que fundamenta el presupuesto de la administración pública.
El correato se llevó ilegalmente miles de millones de dólares en la construcción de la refinería invisible del Pacífico ubicada en Manabí y en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Más pruebas que demuestran que el sector público es incapaz de controlar empresas públicas, obligándonos a importar derivados de petróleo que ofrezcan la calidad que se requiere para su consumo.
Tomando en consideración estas realidades, es hora de liberar la importación de todo tipo de combustibles. Que cualquier persona pueda importarlos y que el mercado regule el precio a través de la libre competencia. Eso permitiría que nos beneficiemos con una mayor variedad de oferta de tipos de gasolinas y el Estado se ahorre el pago de miles de millones de dólares en subsidios por concepto de importación de derivados, que incrementan el déficit fiscal.
Olvidemos ese modelo que le permite al Estado tener el monopolio de los combustibles. Lo ha administrado mal en perjuicio de los consumidores, contribuyentes y de sí mismo. Nunca lo hará bien. Es un paradigma que solamente le conviene a la burocracia.
El gobierno anterior también se endeudó para construir las hidroeléctricas que supuestamente nos iban a permitir tener mayor cantidad de energía al menor precio. Eso no ha ocurrido y el agravante es que tampoco tenemos recursos para pagarle a los acreedores que financiaron esas obras.
Como tampoco podemos pagar las hidroeléctricas, estas deberían ser concesionadas a los mejores oferentes para poder liberar al gobierno de esa deuda impagable.
Eso también favorecería a los contribuyentes porque al haber menos gastos públicos, se podría derogar el impuesto de salida de divisas (ISD) y el anticipo de impuesto a la renta, cuya única justificación para existir es la falta de recursos estatales para pagar una deuda que financia una elevado gasto corriente en lugar de inversión social y obra pública.
Más allá de que el impuesto de salida de divisas encarece los productos que consumimos y aleja la inversión, también afecta al turismo que viene con dólares al país. Me explico: este gobierno ha decretado la política de cielos abiertos para atraer turismo. Muy bien hasta allí, pero para liberalizar el transporte aéreo internacional, Estados Unidos, por ejemplo, la nación que representa el mayor turismo receptivo para el Ecuador, ha solicitado que no le cobren el ISD mediante un acuerdo bilateral para implementar los cielos abiertos; lo cual es lógico porque es un tributo que además de restarnos competitividad, no aplica el principio de reciprocidad. Ellos no lo cobran, ni otros países lo recaudan. El Ecuador perdería ocho millones de dólares por ese concepto y ganaría cuatrocientos millones por atraer turismo gringo. ¿Chévere no? Bueno, nuestro país demora en encontrar un mecanismo para que la política de cielos abiertos se implemente porque el sector público está desfinanciado.
Si ciertos ministros dejaran de analizar la situación nacional desde una visión política, sino económica y patriótica, no habría ni que pensarlo; pero como se concentran en cómo quedar bien, sacrifican el futuro de todos.
Tenemos que pagar las facturas heredadas del gobierno anterior. Más allá de quiénes hayan sido los culpables de las circunstancias actuales y la necesidad de que el poder judicial los procese, la función ejecutiva debe tomar medidas económicas de fondo como eliminar monopolios ineficientes, impuestos inadecuados y vender y concesionar activos improductivos. Mientras más nos demoremos, más doloroso va a ser el pago para la ciudadanía. La historia reciente nos ha mostrado el sufrimiento de los pueblos de España y Grecia porque los gobernantes de la época se negaron a enfrentar técnicamente a la crisis económica.
Un par de ministros han logrado algo en ese sentido, pero es poco en comparación al monto de la factura por pagar. La hora del análisis político y de confrontación interna del gabinete ha concluido. Caso contrario, el problema económico se convertirá en uno político. Y ya sabemos cómo terminan las convulsiones políticas nacionales. El tema es grave.