Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
En su edición del pasado 24 de diciembre el New York Times publicó en su primera página un extenso reportaje sobre uno de los íconos de la torpeza, corrupción e impunidad de nuestro país: la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Torpeza, pues, la central nunca debió construirse en ese lugar, ni en las dimensiones en las que se lo hizo y mucho menos sin una actualización de sus estudios, y peor aún por haberla construido con malos materiales que prácticamente la hacen inservible. Corrupción, pues, la obra se hizo con un gigantesco despilfarro y sobreprecio que habría servido –cosa nada nueva en el Ecuador– para enriquecer a constructores, financistas, supuestos consultores, intermediarios, asesores y políticos.
Impunidad, pues, luego de haberse enriquecido ilícitamente gracias a un organizado esquema para delinquir y de haberle causado al Ecuador un enorme daño, y no obstante tener el Estado toda la información sobre este atraco –como la tiene sobre los más grandes, medianos y pequeños actos de corrupción– nada, o casi nada, se ha hecho para revelar, denunciar y sancionar a los responsables de este asalto, exigirles que devuelvan lo robado y demandarlos por los daños irrogados. Nada. Es más, por el silencio que se guardó sobre esta monumental ofensa a la dignidad nacional en la reciente visita oficial a China parecería que nada se hará.
Un reportaje como el del New York Times no pasa inadvertido en los centros financieros o en las oficinas de los inversores extranjeros. La publicación del prestigioso diario no hace sino confirmar lo ya denunciado por algunos medios y periodistas nacionales; reitera la imagen mundial de nuestro país como una de las naciones más corruptas del orbe. De hecho, pocos días después a esa publicación, el mismo diario, en su versión española, publicó un artículo de opinión sobre la corrupción en el país y que fue igualmente devastador.
Coca Codo Sinclair habría seguido el mismo patrón delincuencial de Odebrecht. Primero, los inversores y constructores fueron denunciados públicamente, invocando la soberanía nacional y la patria, como ladrones y usureros, por la propuesta que habrían hecho para construir la obra. Pero luego, como por arte de magia, quienes ayer eran denunciados como corruptos y traidores, regresaron al país, “mejoraron su oferta” y, finalmente, el contrato les fue adjudicado. Como bien señala el New York Times, no importa que la obra no sirva o sirva menos de lo ofrecido, igual los ecuatorianos estamos condenados a pagarla.
El subsidio que han recibido las pandillas de corruptos, en su santa alianza con intereses foráneos, y que hoy los ecuatorianos estamos llamados a absorberlo, es una carga gigantesca que pesará sobre los ecuatorianos por muchos años. Pero no solo es un subsidio en términos económicos, sino también términos morales. Y a pesar de todo esto, hay quienes no quieren ni siquiera hablar de, y menos debatir sobre la aprobación de una simple resolución legislativa exhortando al Ejecutivo para que celebre con la ONU un convenio para establecer una comisión internacional contra la impunidad.