El «grupúsculo»

Ricardo Noboa Bejarano
Guayaquil, Ecuador

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrado por siete personas que tienen la facultad para hacer de todo. Lo más importante es designar al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, al Contralor, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo de la Judicatura.

“El Estado soy yo” en su apogeo. Se trata de un mini congreso. Existen también en la Constitución otras facultades generales que le permite establecer mecanismos de rendición de cuentas, investigar denuncias, emitir informes sobre responsabilidad penal, solicitar informes a cualquier entidad del Estado y otras parecidas. Es un cargo público bellísimo, pues los consejeros son las personas más poderosas del país. Tienen control político sobre lo más importante del mundo político y muy poca responsabilidad política. Fue diseñado por Rafael Correa y sus asesores para abreviar la elección de las autoridades de control y no someterse a las pesadas negociaciones en la Asamblea, donde hay que cortar y pegar para llegar a acuerdos. De este modo, el gobierno se aseguraba la lealtad de un grupo de personas que hacían lo que el Presidente en ejercicio les decía. Troncha a cambio de nombramientos. Prebendas a cambio de control. Y vivimos con ese Consejo por diez años, siendo un apéndice del Ejecutivo.

Vino la última consulta popular y se estableció que los consejeros sean designados por el pueblo en elecciones simultáneas a las de alcaldes y prefectos. Antes de esto los elegía el Consejo Nacional Electoral de entre “los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía”, un eufemismo para esconder que los elegía realmente el Presidente de la República. Y ahora nos damos cuenta que vamos a ir a unas elecciones para escoger un organismo todopoderoso sin que en realidad conozcamos a alguien. Bueno, yo sí conozco a algunos y son muy buenas personas, pero de eso no se trata. Esto no es nada personal y no me atrevería a cuestionar a ninguno de los candidatos. El problema es que el poder que cada uno de los consejeros ostenta no se compadece con el conocimiento que de ellos tiene la ciudadanía y con la confianza que se han ganado a través de su vida pública. Porque eso es en definitiva una elección: un voto de confianza.

Por eso un candidato a la presidencia tiene más votos que otro. O a alcalde. O a una lista de asambleístas que viene dentro de un partido o movimiento. Acá no. Esta es una elección “con fórceps”. No vamos a votar por una tendencia política sino por personas. Y esas personas, que han pasado una muy simple verificación de requisitos realizada por el Consejo Nacional Electoral, se convierten en candidatos sin que el país conozca su historia. El riesgo es muy alto.

Yo he sido de la idea de que hay que bucear, investigar, analizar y escoger a los candidatos que cada ciudadano considere los mejores. Pero el punto no es ese en realidad. El punto es que esa institución debe desaparecer. Y no le debemos dar legitimidad a través de las urnas. Si hay algo sagrado es el voto. Y no podemos entregarlo sin más ni más.

En el año 1987, cuando al Ecuador no lo invitaban a las reuniones del Grupo de Río porque muchos gobiernos sudamericanos consideraban que el gobierno de Febres Cordero violentaba los derechos humanos, un periodista le preguntó al Canciller Rafael García Velasco qué opinaba de tal marginación. El Canciller respondió: “Ese es un grupúsculo sin importancia. Quien representa a los Estados es la OEA.” La gente corrió al diccionario. Pues bien, este Consejo es un grupúsculo. Un pequeñísimo número de personas con enorme poder. Si aparte de ello los legitimamos en las urnas habremos, consagrado su institucionalización. Y eso es peligroso para la democracia. Debemos anular el voto.

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