La ruleta rusa

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están los de designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el Presidente de la República.  Designar la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado.  Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.  Es decir, aquellas autoridades que deben hacerle seguimiento a todos los actos de corrupción, que por alguna extraña razón, en su mayoría, todavía no son castigados.

El CPCCS fue creado en Ecuador, al igual que en el socialismo del siglo XXI de Venezuela, para elegir a dedo a las autoridades que deberían controlar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.  En democracias robustas estas autoridades de control son designadas por el congreso nacional.

La lucha contra la corrupción es lo que está en juego.  Existen dos posiciones para enfrentar este dilema en las próximas elecciones.  La primera es anular el voto el 24 de marzo para deslegitimar a los siete miembros electos del CPCCS con la finalidad de promover una consulta popular que finalmente elimine al CPCCS de la Constitución y sea la Asamblea Nacional quien elija a las autoridades que actualmente designa el CPCCS.

La segunda visión es opuesta a la primera.  Se basa en que no tiene sentido votar nulo para elegir a los nuevos miembros del CPCCS porque, según el artículo 147 de la Ley Orgánica Electoral, si los votos nulos obtienen la mayoría se anula las elección y se convocan nuevas elecciones para elegir a los consejeros del CPCCS.  Es una posición legalista que parte del principio de que el CPCCS está en la Constitución y que mientras no haya consulta popular para desaparecerlo, seguirá existiendo.

Al final, lo que tenemos son muchos actos corruptos sin sanción denunciados por periodistas. Estamos de acuerdo en que el CPCCS debe desaparecer.  Lo que no decidimos es la forma de lograrlo.  En todo caso, hay que tener cuidado en que no se enquisten en esa institución personas auspiciadas por los corruptos, porque si llegan, las consecuencias para la justicia y el país podrían ser catastróficas.

Abolir el CPCCS mediante consulta popular se convierte entonces en una misión importante para el presidente de la república.  Es lo que el ciudadano de a pie aspira.

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