Guayaquil, Ecuador
¿Podrá la Dra. Diana Salazar inaugurar la justicia en el Ecuador –como lo pidiera en su momento Jaime Roldós? ¿Logrará la fiscal general que se condene a la caterva de mafiosos involucrados en el caso Sobornos 2012-2016 que, desde el despacho presidencial, la asesoría jurídica y otras dependencias del Palacio de Carondelet tejieron una organización criminal basada en el cohecho? ¿Logrará la fiscal general que se impongan severas sanciones a los autores intelectuales y materiales de los aciagos hechos ocurridos en la capital el pasado mes de octubre, días en los que una serie de dirigentes sociales, líderes indígenas, funcionarios públicos y hasta una prefecta provincial, a plena luz del día, crearon un estado de terror, incendiaron la Contraloría General, secuestraron a periodistas, abusaron sexualmente a varias policías, humillaron a militares, dejaron sin agua a Ambato, suspendieron la producción de petróleo y causaron enormes pérdidas a los pequeños y medianos empresarios?
¿Podrá la Fiscalía General destapar la corrupción de los seguros del sector público; la asignación inconstitucional e ilegal que hizo el anterior gobierno de decenas de frecuencias a un mafioso internacional conocido como el “fantasma”; o el negociado de la venta de nuestro petróleo a través de empresas comercializadoras de un círculo de corruptos; o el asalto de Coca Codo Sinclair; o la miserable persecución a Galo Lara; o el asesinato del general Gabela; y de tantos otros casos que fueron creando una verdadera cultura de corrupción? Un escenario que nos ha costado nuestra imagen internacional, sino decena de miles de millones de dólares perdidos, una deuda externa inmanejable y un fatal estancamiento económico.
Es difícil predecir si la Dra. Salazar podrá derribar a ese Empire State de la corrupción que construyó Correa y compañía. No todo depende de ella. Los recursos con los que cuenta son limitados, en comparación con otras entidades públicas y con las fiscalías de otras naciones. La inclusión de la Fiscalía en la Función Judicial –otra de las barbaridades de la actual Constitución–, cuando todos los organismos internacionales recomiendan lo contrario, sumada a la posible presencia de elementos alineados con la mafia correísta en sus estamentos, todo ello debe hacerle complicada su labor.
Además, está el problema de la corrupción de muchos jueces, en su mayoría instalados por el correísmo. Lo sucedido con la decisión de una jueza de levantar la prisión preventiva a tres acusados de dirigir los actos de sedición del pasado mes de octubre, en manifiesta violación de la ley, no es sino un caso más de esta situación. Y para burla del país los grilletes que tienen se los sacan y ponen a conveniencia.
Pero lo que no es difícil de predecir es lo que sucederá si la Dra. Salazar fracasa en su trabajo. La corrupción se habrá entronizado por otra década, la seguridad jurídica será inalcanzable, difícilmente recuperaremos los millones de dólares robados por la pandilla y seguiremos a la cola en términos de inversión. Pero sobre todo habremos perdido la dignidad. Es decir, fracasaremos como sociedad. (O)