Guayaquil, Ecuador
¿Cómo puede entenderse que uno de los principales documentos que invocan los defensores del jefe de la mafia correísta en favor de su supuesta inocencia en el Caso Sobornos 2012-2016 es un informe aprobado por la mayoría de los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE)? El informe, que parece preparado por los asesores del jefe de la pandilla –eran tan diestros en estas lides–, es un monumento a la impunidad. Es una de esas piezas jurídicas que abundaban en la década que nos gobernó la mafia correísta, un informe hecho para ocultar la verdad, para distraer a los tontos, que da vueltas y vueltas por la superficie y de allí no sale.
Afortunadamente ese informe no le sirvió de mucho a la defensa del capo de la mafia en la etapa de instrucción. La presunción de legalidad de todos los actos administrativos –incluyendo informes como este– se evapora una vez que ellos son sometidos al escrutinio judicial y forman parte de un debate procesal. Esa presunción de legalidad tiene sentido únicamente en sede administrativa. Pero el hecho es que el informe existe. El hecho es que, a pesar de su nulo peso probatorio, el informe del CNE va a seguir siendo usado por la mafia correísta como “evidencia” de su inocencia y supuesta persecución en las siguientes etapas procesales o en las instancias internacionales.
Lo grave del informe es que ignora precisamente lo que fue la piedra angular sobre la que se levantó la red de sobornos montada por Correa, Glas y compañía. Me refiero a la doble contabilidad que tenía el movimiento político de la mafia correísta. Esa doble contabilidad fue denunciada oportunamente por dos de los miembros directivos del CNE –Verdesoto y Pita– y fue el elemento crítico del rompecabezas que armaron Villavicencio y Zurita, y que luego derivaría en la investigación penal de la fiscal general. Resulta, por lo tanto, impresentable que el CNE haya producido un informe que ignora semejante realidad. Tanto más que dos altas funcionarias allegadas al jefe de la mafia no solo que admitieron que dicha doble contabilidad electoral existía, sino que colaboraron para que se conozcan las dimensiones de las alcantarillas por donde fluyeron millones de dólares de empresas constructoras como aportes a cambio de contratos.
¿Cómo es posible entonces que un organismo llamado a velar por la transparencia y seriedad de los procesos electorales y por vigilar el cumplimiento de las reglas de su financiamiento esté dirigido por personas que no tienen empacho en aprobar un informe que pretende ocultar uno de los casos más graves de corrupción política del Ecuador? ¿Qué confianza pueden inspirar estos funcionarios a los ecuatorianos? ¿Hasta cuándo nuestro país va a tener que soportar pasivamente que sus instituciones públicas estén dirigidas por personas que parecen estar a la orden de una banda organizada de corruptos?
El país debe despertar de su letargo y exigir que la escoria que nos dejó el correísmo sea sancionada junto con sus cabecillas. (O)