Guayaquil, Ecuador
No fue gracias a las investigaciones de algún opositor, pues, otros eran los tiempos en que, desde la legislatura, a pesar de sus defectos, se fiscalizaba con vigor al poder público. Fue gracias a la perseverancia de dos periodistas, a la perseverancia de la prensa independiente, a la valentía de la fiscal general, Diana Salazar, así como a la entereza de la jueza Daniela Camacho que nuestro Al Capone criollo enfrenta un juicio penal ante un tribunal de justicia. Un juicio penal que lo involucra a él, a algunos miembros de su banda y a ciertos contratistas corruptos.
Es un hecho histórico, sin duda. Pocas veces en la historia latinoamericana un expresidente enfrenta cargos de corrupción como los que enfrenta el jefe de la pandilla correísta. Las pruebas en su contra son contundentes y abundantes. Incluso uno de los acusados terminó aceptando la existencia del delito materia del proceso. La intención criminal de formar una red de sobornos es manifiesta. Las propias funcionarias encargadas de monitorear esa red delincuencial así lo confirmaron.
El precedente que debe sentarse es tan importante como el castigo que debe imponerse. En adelante los presidentes ecuatorianos deben tener presente que por muchos votos que hayan obtenido, por muy populares que sean y por mucho poder que acumulen, ellos no están por encima de la ley. Claro debe quedarles a los políticos que los cargos que ocupan no son para abusar de ellos o para infundir miedo, y que por muy importante que sea su partido o por muy grande que sea su bloque legislativo nada de ello los eximirá de responder por sus atropellos o enriquecimiento. Nada ni nadie los exonerará de comparecer ante la justicia, ser juzgados y enviados a una cárcel común. Deben saber que algún día –que deberá ser más temprano que tarde– tendrán que explicar el origen de sus fortunas, sus pactos ocultos, las impunidades que negociaron, las falsedades que dijeron, los contratos que regalaron y sus silencios cómplices que contribuyeron a que otros violen la ley o se hagan millonarios.
En el borrascoso mar de pesimismo en que navegamos los ecuatorianos, hoy hay motivos para creer que todavía la decencia puede vencer a la delincuencia, que la verdad puede derrotar al delito, que la justicia no es tan ciega como algunos pretenden, sino que tiene los ojos bien abiertos y que sabe distinguir la paja del grano, que sabe aplicar la ley con rigor sin atropellar por ello el derecho que todo acusado tiene de defenderse. Mientras tengamos jueces y fiscales transparentes, por pocos que sean, mientras haya una prensa libre y mientras existan políticos honestos –porque sí los hay aunque parezca mentira–, la corrupción y la demagogia serán vencidas.
La mafia correísta tratará ahora de alargar lo más posible su juzgamiento abusando de la ley, como siempre lo ha hecho. El país está harto de ese tipo de maniobras dilatorias que deben rechazarse. Tanto daño esta gente ya nos ha hecho para tener que soportar más prepotencia. (O)