El relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, sostuvo el jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que los Estados están obligados a consultar a los pueblos indígenas desde el momento en que se plantea la posibilidad de un proyecto en sus territorios.
El estadounidense se presentó ante los jueces durante la audiencia de la demanda de los indígenas kichwa sarayaku contra Ecuador por concesionar sus tierras en la amazonía a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). La compañía luego se retiró de la región pero dejó en el sitio cerca de 1.500 kilos de dinamita.
«Esta obligación aplica cuando los derechos pueden ser afectados, no sólo el derecho a la propiedad, sino el derecho a su cultura, a su religión, cuando sitios sagrados se verían afectados… y esa consulta es un elemento central para un nuevo modelo de relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas», dijo Anaya durante una declaración de casi dos horas.
El relator resaltó que el derecho a consulta también implica un nuevo modelo de desarrollo, pues «no se puede olvidar la historia de represión y exclusión que ha caracterizado esa relación, muchas veces con consecuencias desastrosas… y donde detrás se encuentra el afán de lucro usando las tierras indígenas».
Agregó que «para los actores dominantes en el continente, la manera de ser de los pueblos indígenas ha sido objeto de desprecio y desafortunadamente sigue, hay una imagen del indígena como salvaje y eso justifica nuevos actos de exclusión».
El miércoles, José Gualinga (i), presidente del pueblo indígena ecuatoriano Kichwa Sarayacu, y los abogados Mario Melo (c) y Viviana Krsticevic (d), acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para acusar al Estado ecuatoriano de dar en concesión sus tierras a una empresa petrolera argentina en 1996 sin hacer una consulta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó hoy que la demanda contra Ecuador interpuesta por este pueblo indígena ante la CorteIDH busca proteger la identidad cultural y la forma de vida de estas comunidades.
José Gualinga, presidente de la comunidad Sarayacu, acudió una audiencia convocada por la Corte Interamericana, antes de dictar su sentencia definitiva, a fin de que testifiquen de manera oral con los peritos la serie de violaciones que ha ocasionado la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina, en lo que tiene que ver con sus derechos humanos, así como el derecho a la vida, a sus sistemas de vida espiritual y a la selva viviente.
Recordó que en 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el bloque 23 que afecta al 60% del territorio del pueblo originario de Sarayacu y por más de ocho años ha expresado su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en el ambiente amazónico, en la paz social y en la vida e integridad de sus miembros.
Explicó que en el 2002 y 2003 la compañía CGC ingresó reiteradamente al territorio, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas.
Indicó que según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayacu y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, cargas de entre tres y cinco kilogramos de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo, sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada en la superficie de la selva sagrada de Sarayacu, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento.
Estos alegatos orales, peritajes y testimonios ante los jueces de la Corte Interamericana serán dados a conocer antes de la sentencia definitiva.
Dijo que la sentencia será de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano y sentará un precedente de alcance continental sobre el ejercicio de los derechos indígenas como el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, por lo que reiteró su pedido al organismo legislativo a fin de que estén pendientes de este proceso.
La Corte, que tiene su sede en la capital costarricense, emitiría un fallo sobre este caso en los próximos meses.
EFE/Jeffrey Arguedas