Veeduría dirigida por Garzón sugiere crear una Audiencia Nacional para delitos graves

El exjuez español Baltasar Garzón, que preside una Veeduría Internacional sobre el proceso de reforma integral de la justicia en Ecuador, presentó un informe preliminar con 64 recomendaciones, incluida la creación de una Audiencia Nacional para juzgar delitos graves.

El documento ha sido elaborado en los últimos tres meses basándose en entrevistas a más de 2.000 personas, así como a un centenar de organismos y organizaciones de diversa naturaleza, según explicó el propio Garzón en una rueda de prensa.

La transformación integral de la Justicia ecuatoriana, impulsada por el Gobierno del presidente Rafael Correa, fue aprobada en una consulta popular celebrada en mayo del año pasado.

El proceso incluía la integración de una veeduría nacional y otra internacional, esta última compuesta, además de Garzón, por personalidades de México, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y Chile.

Entre las recomendaciones formuladas por Garzón en el primer informe preliminar de su veeduría está la creación de un «Sistema Nacional de Justicia», que congregue a todas las entidades que pertenecen al sistema judicial.

También propone la reactivación de un «Consejo consultivo de la Función Judicial» y presenta la experiencia española de tener una Audiencia Nacional para que conozca y juzgue los delitos más graves, como los de lesa humanidad, corrupción y crimen organizado, entre otros.

Asimismo, el documento sugiere establecer un plan para erradicar la violencia intrafamiliar y recomienda la elaboración de un proyecto de ley que coordine la administración de la justicia ordinaria con la indígena.

Garzón dijo que para él resulta escaso el término de dieciocho meses fijados para alcanzar la transformación integral de la justicia ecuatoriana, que se marcó en la consulta popular.

Se trata, dijo, de un «desafío de proporciones descomunales para modificar todo un sistema judicial», que eventualmente no se alcanzará a cumplir en ese período, que concluye en enero del próximo año.

Garzón remarcó que una «visión desde afuera», como tiene la Veeduría Internacional, permite que se detecten eventuales errores y se los enmiende.

Lo que se busca es que la reforma judicial «sea lo más integral posible» y «ampare todos y cada uno de los derechos en juego», sostuvo Garzón, tras precisar que el informe preliminar divulgado hoy es el primero de tres que elaborará la veeduría internacional.

Comentó que el trabajo de ese comité concluirá a mediados de diciembre con un informe final, que contendrá todas las recomendaciones y sugerencias que surjan de la observación del proceso.

Garzón entregó el documento a las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del Consejo de la Judicatura de Transición.

El jurista ha permanecido toda esta semana en Ecuador, junto con Marinen Hornkohl (exministra de Asuntos Sociales de Chile) y Porfirio Muñoz Ledo (presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de México), también integrantes de la veeduría.

De su lado, el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, dijo sentirse satisfecho por el camino recorrido y admitió que las recomendaciones presentadas por la Veeduría Internacional sugieren que el proceso de transformación judicial en Ecuador es «perfectible».

Coincidió con Garzón en que el tiempo previsto para ello es escaso, pues recordó que, al menos, el Consejo de la Judicatura de Transición, encargado de llevar adelante el proceso, terminará su periodo el próximo 26 de enero.

Eso no lo desalienta, y por eso Rodríguez prefiere considerar que pronto su país dispondrá de «una nueva cultura de acceso a la justicia».

«Nunca más mendigar ni negociar justicia» en Ecuador, dijo Rodríguez y recordó que el proceso en su país ha despertado el interés en otras naciones. EFE