Asamblea debatirá Ley para Fijación de Límites Territoriales Internos

Juan Carlos Cassinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, convocó para mañana, a las 09h30, la continuación de la sesión para el segundo debate del proyecto de Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.

El ponente del proyecto, Virgilio Hernández, indicó que en la propuesta se incluyeron mecanismos amigables e institucionales para la solución de los conflictos; entre los primeros están la mediación territorial y negociación directa; y, en los segundos, el arbitraje, consulta popular y la resolución institucional, a fin de garantizar una gama de opciones que puedan adecuarse a la naturaleza de los conflictos existentes, publica la web de la Asamblea.

Agregó que el proyecto prevé procedimientos de abajo hacia arriba y responsabiliza, en primer término a los ciudadanos y a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de los territorios indefinidos para buscar una solución amistosa. Además, pretende atender las necesidades básicas insatisfechas de poblaciones desatendidas por falta de una delimitación política y garantizar, inclusive, el derecho a la identidad.

El legislador también dijo que hay 209 casos de problemas limítrofes no definidos jurídicamente en el país, de ellos el 50% son de tipo cantonales, 2,4% provincial; 158 no tienen delimitación; cerca de 40 casos se han presentado como controversiales y algunos de ellos son abiertamente conflictivos.

Al reiterar que el proyecto es una «vía política» para viabiolizar la necesidad de fijar los límites de las jurisdicciones político administrativas, subrayó que la Comisión modificó sustancialmente la propuesta del Ejecutivo, por cuanto era socialmente conflictiva e inviable.

Hernández recordó que la ley remitida por el Ejecutivo tenía 470 artículos, tres disposiciones generales, cinco transitorias, cuatro derogatorias; fijaba los límites de todos los conflictos, por lo cual, a criterio de la Comisión, si la ley hubiese sido aprobada en esos términos, habría sido socialmente conflictiva y políticamente inviable, pues el peso de la pertenencia provincial es más fuerte que la fijación político partidista, más aún de los asambleístas de los territorios con controversias jurisdiccionales.