La ONG Human Rights Watch denunció este martes que la acumulación de poder por parte del Ejecutivo de Venezuela y el deterioro del respeto a los derechos humanos intimidan a los opositores, condicionan las decisiones del poder judicial y generan restricciones a la libertad de prensa y autocensura en los medios.
En el capítulo dedicado a Venezuela en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, presentado hoy en varias ciudades, incluida Sao Paulo, HRW pinta un panorama sombrío y no constata cambios con la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de ese año.
«El abuso policial, las condiciones carcelarias y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de profunda preocupación«, señala esta organización no gubernamental defensora de los derechos humanos.
HRW destaca el hecho de que el Gobierno venezolano haya denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual impide que los venezolanos puedan acceder a la Corte Interamericana con sede en San José.
En cuanto a la justicia en Venezuela afirma que «en gran medida ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno».
También analiza la actuación policial ante las protestas registradas tras las elecciones de abril de 2013 por los cuestionamientos de los resultados oficiales que dieron la victoria a Maduro y concluye que hubo un «uso excesivo de la fuerza» y «detenciones arbitrarias», además de que no se han aclarado las circunstancias de las muertes registradas en ese contexto.
El problema de la violencia policial es «crónico» en Venezuela, según HRW, que cita estadísticas oficiales que cifran en 7.998 las personas muertas presuntamente a manos de miembros de las fuerzas de seguridad pública entre enero de 2000 y los primeros cuatro meses de 2009.
En cuanto a la libertad de prensa dice que el gobierno de Chávez ejerció «en forma abusiva su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década» y menciona por su repercusión los casos de Globovisión y Radio Caracas Televisión.
Ya con Maduro como presidente se efectuó una «investigación administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial», dice HRW.
«Si bien en algunos periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique enérgicamente al gobierno, se ha evidenciado la autocensura por temor a represalias«, señala.
El informe dedica un apartado a las condiciones de las cárceles venezolanas, que, según HRW, «se ubican entre las más violentas de América Latina» con «cientos» de muertes cada año.
Diversos factores, entre los que HRW menciona la superpoblación, deficientes medidas de seguridad y falta de capacitación de los guardias, «han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles», agrega el informe.
La organización con sede en Washington recuerda por último que desde hace años el Gobierno venezolano se niega a autorizar que «expertos en derechos humanos de la ONU realicen visitas de investigación al país».
En este apartado menciona que como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela fue en septiembre de 2013 «el único país que votó en contra de una resolución que condenó las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población siria».
Además critica el hecho de que los otros miembros del Mercosur, al que Venezuela entró en 2012, no hayan exigido al Gobierno venezolano el cumplimiento del «Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos». EFE