A una semana del segundo aniversario de la ley orgánica de Comunicación de Ecuador, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó hoy a la Asamblea General de la OEA a «prestar mayor atención» a los ataques contra la libertad de expresión cometidos bajo dicha normativa.
La SIP ha considerado dicha ley desde sus inicios «un flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes de su país».
«No estábamos equivocados, sabíamos que esta ley haría oficial la censura y que los ciudadanos serían los grandes perdedores, al ver vapuleado su derecho humano a estar debidamente informados», señaló el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, en un comunicado de prensa.
El periodista se refirió al discurso de esta semana del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió una «agenda positiva».
«No hay nada más positivo que este organismo empiece a exigirle a los estados que cumplan con la Carta Democrática Interamericana», indicó Mohme, director del diario La República de Perú.
El directivo aseguró que en esta nueva etapa de la OEA «debe haber un compromiso mayor para que se entienda que sin libertad de prensa y de expresión no puede haber verdadera democracia, como indica la Carta».
La SIP, con sede en Miami, resaltó que las estadísticas sobre las sanciones demuestran claramente cómo dicha ley es aplicada de forma discriminatoria y como escudo de funcionarios, muchos de los cuales la utilizan como mecanismo de revancha ante críticas a su función.
Precisó que de 270 procesos entre 2013 y febrero de este año, 231 fueron en contra de medios privados y 142 de ellos se debieron a quejas presentadas por autoridades y funcionarios.
La SIP explicó que debido a dichos procesos y otros mecanismos de presión gubernamental, la revista Vanguardia, los periódicos Hoy, La Hora de Manabí y Diario Meridiano, y decenas de emisoras radiales tuvieron que cerrar.
La ley, que cumplirá el próximo 23 de junio dos años, carece de independencia de los organismos encargados de ejecutarla, según la SIP, que la califica como «un instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas».
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) responden, directamente, a las directivas que impone el presidente Correa.
Entre las sanciones aplicadas están la publicación de rectificaciones obligatorias, disculpas públicas del director del medio y sanciones económicas que se multiplican en caso de «reincidencia». EFE [I]