Quito.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller de Ecuador, Guillaume Long, cuestionó el informe de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH, respecto del caso ecuatoriano.
“Es de pésimo nivel, resulta vergonzoso desde una perspectiva política y académica. Es terrible que aún tengamos que enfrentar este tipo de pasquines, con problemas metodológicos, de fuentes y hasta plagio”, señaló el canciller respecto del informe. En el informe se detallan muchos casos de periodistas que tuvieron problemas, incluso de acoso, con el régimen de Rafael Correa Delgado. Uno de los casos que se detalla es el de la periodista Manuela Picq, corresponsal de Al Jazeera, que fue golpeada y detenida en Ecuador durante un paro nacional, luego de lo cual se la obligó a salir del país para evitar su deportación y se le retiró la visa. Picq era una ciudadana de origen francés, al igual que el canciller Long.
Long dice que el informe de 2013 nunca fue puesto en consideración del Estado ecuatoriano y toma como fuente a los propios medios de comunicación y a la Fundación Fundamedios, la cual es según su opinión “una ONG de oposición, no conocida por su imparcialidad que, además, es financiada por la OSF, fundación que también entrega recursos a la CIDH”. Fundamedios es una fundación que ha recibido insultos públicos por parte del presidente de la República. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el ataque cibernético contra el portal web de Fundamedios.
“No nos extrañaría que el aparato de ciberseguridad del gobierno haya puesto en práctica sus conocimientos con el propósito de neutralizar a organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación que les resultan incómodos”, expresó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en esa ocasión.
En todo caso, las decenas de denuncias por ataques a la libertad de expresión, que documenta el informe de la Relatoría, presenta una realidad muy distinta a la descrita por el canciller. “Tenemos un firme compromiso con la libertad de expresión, con la libertad de empresa, no con los estereotipos vulgares, ni con los monopolios. La Comisión puede jugar un rol importante, con competencias claras y financiamiento total de los Estados parte del acuerdo de San José, a fin de que podamos tener un sistema sano y vibrante”, expresó Long.
Insistió, como lo ha venido haciendo, que “Ecuador siempre alertó sobre la situación insostenible del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y de la CIDH. Hay graves contradicciones: el Sistema no funciona bien, la Corte está desfinanciada y la Comisión tiene problemas”. A lo que acotó: “no quiero decir que haya que copiar; sin embargo, lo han resuelto dándole importancia a la Corte”.
Los sistemas de derechos humanos en Europa y África, tienen una diferencia sustancial con el sistema de nuestra región y es que la Corte Interamericana no tiene competencia sobre todo el continente, sólo sobre los países que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El único ente -que además es órgano principal de la OEA- que tiene jurisdicción sobre todos los países americanos, para casos de derechos humanos, es la Comisión. Debilitar a la Comisión y fortalecer a la Corte en nuestro sistema, según los expertos consultados sobre este particular, implicaría dejar en desprotección a los ciudadanos de los Estados de América que no suscribieron la Convención. (I)