Ecuador. Lunes 23 de enero de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Daniela Salazar: “Ecuador y otros Estados quieren debilitar a la CIDH”

Ab. Daniela Salazar, académica y experta en Derechos Humanos. Foto de La República.

Quito.- La semana pasada, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, anunció la “gravísima” situación económica de ese organismo principal de la OEA, por lo que hay el alto riesgo de que se suspendan todas las audiencias y visitas programadas para este año, así como el despido del 40% del personal. 

Publicidad

La reacción del gobierno ecuatoriano, por medio de un comunicado de la Cancillería, fue recordar que este país andino ya había cuestionado el sistema de financiamiento de la CIDH, basado “en aportes no permanentes, condicionados y direccionados, provenientes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano”.

Más allá de todo, la CIDH es el principal organismo de protección a los Derechos Humanos para los países del todo el continente americano, con una capacidad de acción y un mandato más amplio que el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que la CIDH es organismo principal de la OEA y puede conocer casos de todos los Estados que integran ese ente continental.

Daniela Salazar es una experta en Derechos Humanos y, particularmente, en el Sistema Interamericano. Actualmente, es la vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y co-directora de la Clínica Jurídica de Interés Pública de esa institución de educación superior. En su etapa de formación, la Ab. Salazar trabajó en la Comisión Interamericana en el contexto de la beca Rómulo Gallegos.

– ¿A qué se debe la crisis económica que atraviesa la Comisión Interamericana?

– La crisis económica de la CIDH no se debe a una cuestión estrictamente financiera, se debe a la falta de voluntad política de los Estados de la OEA. En otras palabras, no es que no haya fondos, sino que los Estados de la OEA han preferido destinar 94% de sus fondos a otras áreas de la organización. Así, la crisis económica de la Comisión no es nueva, sino que históricamente este organismo no ha recibido de los Estados que la crearon el financiamiento mínimo indispensables para cumplir sus funciones más básicas. Esa falta de compromiso de los Estados generó que la Comisión se ha visto obligada a acudir a otras fuentes de financiamiento, tales como contribuciones voluntarias de otras organizaciones y Estados, incluyendo Estados que no pertenecen a la organización. Si bien lo que que genera la crisis más reciente es la disminución de esas contribuciones voluntarias, por causas que todavía no están del todo claras, la verdadera raíz del problema se encuentra en la decisión política de los Estados de la OEA de no financiar adecuadamente al organismo encargado de supervisar a esos mismos Estados en materia de derechos humanos.

– ¿Cómo ve el pedido de Ecuador de un cambio radical en el sistema de financiamiento de la CIDH? Dice la Cancillería que siempre ha cuestionado el sistema de aportes no permanente, condicionados y direccionados, de entes privados y Estados externos al sistema.

– El gobierno ecuatoriano, como parte de sus esfuerzos por debilitar a la CIDH, ha buscado eliminar la facultad que tiene la Comisión de solicitar fondos de fuentes ajenas al presupuesto regular de la OEA. En términos prácticos, eso significa eliminar más de la mitad del financiamiento actual de la Comisión, que proviene de contribuciones voluntarias de la asistencia internacional. Dado que la propuesta de Ecuador no ha venido acompañada de un compromiso por incrementar sustantivamente el porcentaje del fondo regular de la OEA que se destina a la CIDH, la propuesta de Cancillería no puede entenderse sino como la voluntad de convertir a este organismo en doblemente lento e ineficiente, incluso inoperante. Hay una lectura adicional que debemos hacer: la Cancillería alega que los aportes voluntarios podrían condicionar la independencia del órgano. Si aceptamos ese razonamiento, que puede tener parte de verdad, debemos entender que cuando en el 2014 el gobierno de Ecuador decidió donar 1 millón de dólares a la Corte Interamericana, lo hizo con el objetivo de minar la independencia de este organismo, esto es, con su donación Cancillería buscaba evitar que la Corte falle en contra de Ecuador. Como diría el Presidente: cuanta doble moral.

– El último aporte del Ecuador fue de 1500, en el año 2011. ¿Cómo ve la voluntad política de este Estado respecto del financiamiento de la CIDH?

– Una aclaración: Ecuador sí aporta a través del fondo regular de la OEA, y 6% de ese fondo se destina a la CIDH, lo que pasa es que ese porcentaje del fondo regular es insuficiente para la subsistencia de la CIDH. Volviendo a la pregunta, lo primero que llama la atención es el monto. 1500 dólares es una cantidad irrisoria, que no alcanza ni para la traducción de uno de los cientos de informes que la Comisión aprueba anualmente, y que no es proporcional con los millonarios montos que el Estado destina a otras causas. También debemos poner atención a la fecha. La última contribución voluntaria es de 2011, y resulta que en febrero de 2012 la Comisión emitió medidas cautelares en el caso El Universo, solicitando al Estado que suspenda los efectos de la sentencia ordenaba 3 años de prisión para los directivos del diario y el pago de una indemnización $40 millones de dólares al presidente Rafael Correa. Entonces, la fecha no es casual: el rompimiento entre el gobierno ecuatoriano y la CIDH se generó cuando la Comisión empezó a incomodar al gobierno actual. Mientras la CIDH se pronunciaba sólo respecto de gobiernos anteriores al de Correa, el apoyo de este gobierno a la Comisión fue irrestricto. El compromiso de este gobierno con la Comisión Interamericana cesa el momento en que la Comisión empieza a cumplir su mandato de proteger a las personas de violaciones de derechos humanos cometidas por este gobierno.

– Ecuador también dice que la CIDH ha mantenido una agenda politizada…

– Siempre me ha causado gracia cómo los gobiernos de izquierda dicen que la Comisión es un organismo de derecha, mientras que los gobiernos de derecha dicen que la Comisión es un organismo de izquierda. Lo cierto es que los derechos humanos no son ni izquierdos ni derechos, y la Comisión aplica los mismos estándares para todos los Estados, independientemente de la tendencia política de sus gobiernos.

– ¿Debería el Ecuador incrementar su aporte?

Para resolver la crisis actual, es urgente que todos los Estados, no sólo Ecuador, realicen aportes voluntarios. Pero estas soluciones son sólo un parche temporal. Para que la Comisión no dependa de aportes voluntarios, la OEA debe incrementar sustancialmente el porcentaje del fondo regular que se destina a los organismos de derechos humanos, Corte y Comisión.

– ¿Qué opina de la propuesta de Almagro de crear un fondo directo de aportes de los 34 países de la OEA?

– No hace falta. Los Estados hoy por hoy pueden aportar directa y voluntariamente a la Comisión. Lo que hace falta, insisto, es que la OEA se tome en serio su sistema de protección de derechos humanos, y no le destine un 6% de su presupuesto sino que multiplique (muchas veces) ese porcentaje.

– ¿Aporta a los cuestionamientos de Ecuador el hecho de que la CIDH no ha logrado celeridad en los casos que están en etapa de admisión y hay atraso procesal en los casos que contenciosamente está resolviendo?

– La lentitud y el atraso procesal de la Comisión son una consecuencia directa de la falta de financiamiento, aunque hay otras razones, como la excesiva judicialización del procedimiento, la falta de colaboración de los Estados al momento de responder a las solicitudes de información de la Comisión, las deficiencias en la gestión administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, entre otras. Pero si la Comisión no puede responder oportunamente al creciente número de denuncias que recibe, esto se debe principalmente a la falta de personal, y si no hay más personal es por la falta de financiamiento. Entonces, si los Estados van a cuestionar a la CIDH por su lentitud, en verdad se están cuestionando a sí mismos, pues no han sido capaces de financiar adecuadamente a la Comisión.

– ¿Hay, según usted percibe, una intención de debilitar a la Comisión?

– Sí, es clara la intención de debilitar a la Comisión por parte de varios Estados. Dado que para poder limitar las facultades que tiene la Comisión los Estados tendrían que reformar un tratado que ellos mismos adoptaron, la única alternativa para impedir que la Comisión cumpla con su mandato es a través de su estrangulamiento financiero.

– ¿Por qué los ciudadanos de América necesitan una Comisión que ha sido acusada de ente “con agenda política” y que se demora tanto en los procesos?

– Para muchos ciudadanos de las Américas, la Comisión y la Corte interamericanas han sido los únicos espacios en los que han podido encontrar justicia, cuando sus Estados han incumplido este deber. Las medidas cautelares emitidas por la Comisión han logrado salvar muchas vidas en el hemisferio. Las recomendaciones de la Comisión han tenido por efecto la prevención de un número incalculable de violaciones de derechos humanos.  Mientras los Estados sigan incumpliendo su deber de respetar y garantizar los derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción, serán necesarios órganos internacionales de supervisión de derechos humanos. Ecuador ha tratado de vender la idea de que ahora que estamos bajo gobiernos democráticos ya no es necesaria una Comisión como era necesaria en épocas de dictadura. Falso. Las violaciones de derechos humanos podrán ya no ser tan burdas, son bastante más sofisticadas y complejas, pero siguen existiendo, no sólo en Ecuador sino en todos los Estados de las Américas.

– ¿El cambio de sede, a Costa Rica, donde está la Corte, podría ser conveniente para bajar costos?

– La mudanza, en sí misma, sería altamente costosa y en mi opinión estos fondos estarían mejor dirigidos a financiar adecuadamente a la Comisión para que pueda cumplir sus mandatos. Posiblemente el costo de mantener una oficina en Costa Rica sea menor al de mantener una oficina en Washington D.C., no obstante, no se está calculando la pérdida humana. Gran parte del personal actual ha hecho su vida familiar en Washington D.C. y no podría mudarse a Costa Rica. El costo de perder ese talento humano y esa memoria histórica del personal de la Secretaría Ejecutiva es simplemente invaluable. Más aún, un cambio de sede requeriría una modificación al Estatuto de la Comisión, y en épocas donde la voluntad de debilitar a la Comisión es tan clara, la sola posibilidad de modificar el Estatuto me parece peligrosísima. Los Estados aprovecharían esta posibilidad para minar las facultades de la Comisión.

– Cuando usted trabajaba en la Comisión, ¿se notaba la falta de fondos?

– Absolutamente. Los fondos alcanzaban únicamente para que los Comisionados sesionen dos o tres veces al año y no de manera permanente. Así, varias decisiones tenían que esperar meses hasta que los Comisionados estén reunidos para que puedan adoptarse. En cuanto al personal de la Secretaría Ejecutiva, aunque ha trabajado siempre de manera incansable y comprometida, las manos eran absolutamente insuficientes para responder al creciente aumento de denuncias, solicitudes de medidas cautelares y mandatos que recibe la Comisión. Es bastante frustrante saber que por más que uno trabaje todas las horas que humanamente puede trabajar, jamás podrá alcanzar a revisar todos los casos que están bajo su responsabilidad. Las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos superan la capacidad humana y administrativa de la Secretaría Ejecutiva.

– En base a su experiencia de abogada de DDHH, ¿hace falta elaborar un nuevo sistema de Derechos Humanos que reemplace al actual en América?

– Aunque mi experiencia como usuaria del sistema interamericano de derechos humanos ha sido también bastante frustrante, estoy absolutamente convencida de que no hace falta un nuevo sistema de derechos humanos. Lo que se requiere es fortalecer el sistema actual, que no ha logrado consolidarse a pesar de sus décadas de existencia. Para mi es claro que en este momento de la historia no existe voluntad política para crear un sistema de derechos humanos con facultades suficientes para proteger adecuadamente los derechos en la región. Si los Estados crearían hoy un nuevo sistema de derechos humanos, crearían un sistema a la medida, un sistema que se dedique a alabarlos y no a responsabilizarlos. Recordemos que tuvieron que ocurrir graves violaciones de derechos humanos para que los Estados sientan una vergüenza pública suficiente para motivarlos a crear un sistema de supervisión internacional. Eliminar el sistema de derechos humanos actual, sería un retroceso histórico en materia de derechos humanos. Tendríamos que esperar a que ocurran violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos para que los Estados se animen a otorgarle a un nuevo sistema las facultades que hoy tiene el sistema interamericano de protección de derechos humanos. (I)

__________________________

Por Miguel Molina Díaz

Publicidad