El Gobierno de Ecuador ha llamado al diálogo a todos los sectores de la sociedad, en busca del progreso y el bienestar popular, aunque la principal organización indígena, la Conaie, ve esa oferta con recelo y espera que el Ejecutivo dé muestras claras de su voluntad de concertación.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), a la que el Gobierno quiere aproximar a la mesa de análisis, ha puesto, al menos, dos premisas para el diálogo.
Exige repuestas del Gobierno a su pedido de indulto y amnistía para más de 177 activistas procesados por las violentas protestas que tuvieron lugar en los últimos años, así como soluciones ante los riesgos de la minería a gran escala y la expansión de la industria petrolera en unas tierras que considera ancestrales.
Aunque no las tipifica como «condiciones», esas son las principales exigencias de una comunidad que representa a entre el 7 y el 35 por ciento de la población ecuatoriana, según el criterio utilizado en los distintos estudios demográficos.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que asumió el poder el pasado 24 de mayo, tendió las manos de su administración a todos los sectores sociales, incluidos a la oposición, en un claro intento por desmarcarse del estilo confrontativo de su antecesor y correligionario, Rafael Correa (2007-2017).
Moreno ha remarcado que continuará la «Revolución ciudadana» de su predecesor, un proceso de transformación al que sin embargo intenta darle una imagen de tolerancia y apertura.
Por ello, ha llamado a los antiguos aliados de esa «revolución» a intentar recomponer la figura de la izquierda ecuatoriana, junto con indígenas y otros colectivos sociales que habían apoyado al propio Correa en el inicio de su mandato.
Pero la Conaie aún no ha aceptado, tampoco rechazado, la oferta de diálogo, si bien su primera jugada ha sido la de poner sobre el tapete el caso de los activistas o «luchadores populares» procesados, así como el de sus propuesta de reformas a las leyes de tierras, agua y semillas.
Según la organización, con estas propuestas de enmienda se garantizará la protección de los territorios de muchas comunidades indígenas del país donde se desarrollan o se proyectan planes de minería a cielo abierto o la extensión de la frontera petrolera.
«Ahora la pelota está en la cancha del Gobierno. Vamos a esperar las respuestas que pueda dar» a estos planteamientos, aseguró a Efe Katty Betancourt, dirigente del colectivo de la Mujer de la Conaie.
Esas dos posturas de la Confederación fueron definidas durante una asamblea extraordinaria de la organización que tuvo lugar el último fin de semana en la ciudad amazónica de Puyo, informó hoy la Conaie en una rueda de prensa en Quito.
Betancourt aseguró que la organización indígena considera que treinta días es «un tiempo prudencial» para que el Gobierno responda a la demanda de indulto y amnistía, y dijo que otro de los tiempos establecidos por la Confederación se cumplirá el 4 de julio, cuando entregará la propuesta de reformas legales al presidente Moreno.
Con esa decisión, se abre en el país un compás de espera hasta conocer los nuevos pasos del Ejecutivo, que tiene varios frentes abiertos por los variados colectivos de oposición que le surgieron al expresidente Correa.
El presidente Moreno aún no se ha pronunciado sobre las exigencias indígenas, aunque ha insistido en que su estrategia de gobierno se sustenta en un diálogo responsable, en el que primará el interés nacional.
Con ello, el Gobierno también intenta dejar en el pasado el ambiente de confrontación que se instaló, especialmente, en los tres últimos años del gobierno de Correa.
Las protestas de los indígenas y otros colectivos sociales tuvieron como detonante la aprobación de varias leyes, entre ellas la de tierras y proyectos de minería en tierras ancestrales para este colectivo.
Algunas de las protestas se tornaron violentas y muchos de los activistas y dirigentes fueron apresados por herir a policías, dañar la propiedad y paralizar los servicios públicos.
Otra de las normativas que preocupa a las comunidades indígenas es la Ley de semillas y la posibilidad de que se permita la libre importación de bienes agrícolas genéticamente modificados.
Un temor al que el Ejecutivo ha respondido aclarando que sólo permitirá la llegada de semillas transgénicas con fines exclusivos de investigación científica. EFE
