Indicios de responsabilidad penal y predeterminaciones civiles y administrativas estableció la Contraloría General del Estado tras el examen especial realizado al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes), por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2017 en el Ministerio de Finanzas.
“Derivaron un conjunto de responsabilidades, que hoy se sancionan con predeterminaciones de orden civil y de orden administrativo por alrededor de $ 22 millones , además de los indicios de responsabilidad penal que sobre este caso fueron enviados en su momento a la Fiscalía General”, indicó el contralor subrogante Pablo Celi.
Según la Contraloría, los Cetes se colocaron por plazos mayores a los permitidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (menos de 360 días), fueron entregados como instrumentos de dación de pago lo que se contrapone con el objetivo de esas operaciones, que es obtener recursos para financiar deficiencias en la caja fiscal.
Además, por su naturaleza no son considerados deuda pública por lo que no pueden usarse para cubrir deuda, incrementando las obligaciones con entidades públicas y privadas.
También, de acuerdo al informe, los canjes y renovaciones de Cetes no generaron ingresos para la caja fiscal y la documentación relacionada con la colocación de estos fue declarada como secreta.
Los indicios de responsabilidad penal incluyen a 28 exfuncionarios; entre ellos el expresidente Rafael Correa y varios de sus exministros, quienes tienen un plazo de 60 días para responder sobre las responsabilidades civiles y 30 días para las administrativas. El aspecto penal recae sobre Fiscalía. (I)
- Fuente Diario El Universo