Ecuador gastó más de 5,2 millones de dólares para preservar la seguridad del fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante su estancia de casi siete años en la Embajada en Londres, confirmó este jueves a Efe el canciller ecuatoriano, José Valencia.
Valencia también aseguró que los funcionarios diplomáticos sellaron los tres espacios en los que el activista pasó la mayoría de su estancia en la Embajada, que comenzó en junio de 2012 y finalizó el pasado 11 de abril al retirarle el país andino el asilo político del que disfrutaba, para salvaguardar la cadena de custodia de sus pertenencias.
De los más de 6 millones de dólares que Ecuador gastó durante la estadía de Assange en la Embajada, más de 5,2 se destinaron a la contratación de empresas de seguridad para la sede diplomática, así como la instalación de nuevo equipo técnico especial para esta cuestión.
Explicó que la Contraloría General del Estado (CGE) -que este lunes presentó sus informes preliminares sobre el proceso de naturalización del fundador de Wikileaks y los gastos en que incurrió el Estado ecuatoriano durante su asilo- no trató en ese examen especial los gastos en seguridad «seguramente porque fueron realizados en debida forma».
«El gasto central de toda su estancia correspondió a seguridad«, reconoció el canciller para justificar el por qué de la cuantiosa diferencia entre lo que él dijo en su comparecencia del 11 de abril en la Asamblea de Ecuador (Parlamento) -6,5 millones de dólares- y lo que estipuló la CGE esta semana -795.000 dólares-.
Asimismo, Valencia apuntó que estos gastos fueron un desembolso extra con respecto a lo que ya se tenía contratado para la salvaguarda de la sede, antes de comenzar el asilo.
Valencia agregó que la Cancillería tenía que justificar, como lo estipula la ley de presupuestos del país, por qué y cómo se gastaba el presupuesto que tenía asignado la Embajada ecuatoriana en Londres.
Entre los requerimientos que debían cumplirse -y que ahora la CGE tendrá que analizar si fueron o no tenidos en cuenta- están la búsqueda de, al menos, «tres cotizaciones para escoger la más conveniente, o tener ciertos parámetros de calidad en la prestación de servicios».
Assange fue despojado del asilo y entregado a la justicia británica tras un año de enfrentamientos políticos y judiciales con sus anfitriones, y tras ser condenado en una corte británica por violación de medidas cautelares se enfrenta a dos peticiones de extradición de Suecia, por delitos de agresión sexual, y EE.UU., por difusión de cientos de miles de documentos secretos.
Sobre la diligencia que este lunes realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) en Londres a petición del Departamento de Justicia de los EE.UU. para incautar las pertenencias de Assange, Valencia ratificó que se apega «al debido proceso» y que nadie las manipuló desde que el activista abandonó la sede diplomática.
Según Valencia, las habitaciones «fueron selladas porque eran espacios propios para uso de Assange; en esos sitios -un dormitorio y dos oficinas- ni siquiera había cámaras instaladas».
Incluso añadió que los funcionarios de la Embajada sacaron fotografías de cómo el activista dejó estas habitaciones antes de ser detenido por la policía inglesa.
La diligencia se llevó a cabo de acuerdo con la Convención Interamericana de Asistencia Penal, que contempla que un país miembro como EE.UU. le pueda solicitar a otro, en este caso Ecuador, que lleve adelante procedimientos con miras a la incautación de ciertos objetos.
«Este es un ‘modus operandi’ completamente normal, que se produce en múltiples circunstancias, que Ecuador muchas veces requiere a otras Fiscalías y que a veces demandan de Ecuador», insistió el responsable de la diplomacia ecuatoriana.
Ahora, será la Fiscalía la que decida si las pertenencias del fundador de Wikileaks tienen la relevancia procesal necesaria para ser transferidos a las autoridades judiciales norteamericanas, algo que podría ocurrir en los próximos días, desde que esos bienes lleguen a Ecuador para ser analizados. EFE