Tras 20 años de activismo indígena y ecológico, Yaku Pérez ha emprendido desde que asumió en mayo la Prefectura de la provincia de Azuay, al sur de Ecuador, una cruzada contra la minería que impulsa el Gobierno de Lenín Moreno.
«Estamos sitiados, hay una amenaza real, inminente a la vida, al agua de Cuenca, del Azuay, y es la minería metálica», explica en una entrevista con Efe Yaku, como le gusta que le llamen sus allegados, el pueblo, un nombre que adoptó en 2017, que proviene de la lengua quichua y que significa «agua».
Cuencano de nacimiento, de 50 años y miembro de la nacionalidad kichua cañari, Yaku es un símbolo de la lucha indígena que ha dirigido desde diferentes organizaciones, y en cuanto tiene ocasión recuerda las cuatro veces que pasó por prisión durante el Ejecutivo de Rafael Correa, acusado de sabotaje y terrorismo.
Desde que llegó a la jefatura de la Provincia ha querido darle su impronta a todo lo que toca, empezando por la nueva nomenclatura y logo que ahora es «Azuay Ecológica», acompañada por una gota de agua, hasta los asesores que le rodean de la ONG «Acción Ecológica», y presume de que los funcionarios llegan al trabajo en bicicleta.
Yaku sabe que el ecologismo está en boga, a la luz están iconos planetarios como Greta Thunberg o Leonardo DiCaprio, pero cuenta con esa voz moral que le otorga su indigenismo entendido como guardián de los recursos vitales, e insiste en que continúa «la resistencia» aún desde el despacho.
«No he perdido el activismo porque eso se lleva en los genes, en el corazón. Sin embargo, toca también asumir la parte oficial, pero el Estado debe estar al servicio de la comunidad», asegura.
Doctor en jurisprudencia, ha colocado del otro lado de la trinchera a la minería y se enorgullece de que su provincia ha sido la primera en la que se han logrado detener, en junio de 2018, las actividades de una minera, la Junefield Ecuagoldmining South América, gracias a una acción de protección interpuesta por la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari) que él presidía.
En marzo pasado el cantón Girón, en Azuay, rechazó la minería metálica con el apoyo del 87 % de los habitantes en una consulta popular, y pese a impulsar otra iniciativa similar para frenar la actividad extractiva en la provincia, votación que no prosperó en la Prefectura, se conforma con que 15 delegados apoyaran la suspensión minera frente a 8.
«Ahora hay que salvar las fuentes de agua no solo en Girón, sino de toda la provincia», afirma sin esconder su «sueño de que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica».
En toda provincia están dadas unas 800 concesiones mineras, lo que representa el 15% del territorio, más de 125.000 hectáreas, lamenta el prefecto junto a un manantial de agua cristalina que aflora de un páramo en Kimsacocha, ecosistema frágil y área protegida por su alta importancia ecológica e hídrica.
Consciente de la presencia de las cámaras, Yaku escenifica perfectamente el papel de líder ambiental y se agacha para beber directamente de la pequeña laguna y salpica algunas gotas a «las compañeras», un grupo de cholas cuencanas a las que alaba su papel como protagonistas «de la resistencia» frente a la industria minera.
Varias iniciativas mineras en diferentes fases rodean la zona, especialmente amenazada por el proyecto Loma Larga, que solo espera un último aval oficial para que se inicie la exploración.
«Estamos hablando de 2.700 hectáreas de área protegida y las concesiones están a su alrededor, pero los ecosistemas no reconocen de límites humanos«, comenta a Efe el coordinador de patrimonio natural de la Prefectura de Azuay, Martín Vega.
Destaca la importancia de esa región de páramos andinos de la que nacen dos de los cuatro ríos de la capital provincial, Cuenca, en particular, por su gran capacidad de conducir y retener el preciado líquido en grandes y pequeños reservorios naturales.
Vega también rescata la importancia de los páramos como poderosos enclaves frente al cambio climático puesto que, al estar situados a una altura superior a los 3.000 metros, «la descomposición de la materia orgánica se mantiene en niveles mínimos y hay una captura muy grande de carbono, sobre todo en los humedales andinos».
Entre las consecuencias de las extracciones en la zona, los expertos mencionan las filtración de deshechos en aguas subterráneas y pérdida de acumulación de líquidos, así como concentraciones elevadas de arsénico.
Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha apostado por la actividad a gran escala como flotador económico y subraya que ya no existe vuelta atrás, dado que otros sectores como el petróleo están hipotecados, o el turismo requerirá varios años en despegar.
Al respecto, Yaku reconoce que su gestión precisamente se produce en un momento muy desafiante: «Sí, es un choque de trenes duro, pero de nuestro lado nos asiste la verdad y la defensa de derechos, del otro lado intereses económicos». EFE