Tres jueces de la Corte Nacional de Justicia (Marco Rodríguez, Daniella Camacho e Ivan Saquicela), han instalado la audiencia de juicio por el delito de ataque y resistencia en contra al consejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), David Rosero, y dos personas más, Jaime Villacís y Mario Landeta, ambos integrantes de la Unión Nacional de Educadores
Los hechos que se juzgan ocurrieron el 18 de mayo de 2015, en Ibarra, Imbabura, cuando Rosero, que era también consejero de CPCCS, junto a Villacís y Landeta, intentaban impedir que las nuevas autoridades del Fondo de Cesantía del Magisterio tomen posesión de las oficinas.
Rosero formaba parte de la protesta contra la intervención, ordenada por entonces presidente Rafael Correa en más de $400 millones pertenecientes a los ahorros de maestros reunidos en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y el posterior traspaso de la administración de esos dineros al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
La Fiscalía los acusa por el cometimiento del delito de ataque o resistencia, contemplado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, que prescribe: «La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años».
En inciso dos de ese delito, que es el que se intenta aplicar en esta caso concreto, dispone: «Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años».
