Fiscalía pide ocho años de prisión contra Rafael Correa por el Caso Sobornos

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa habla el miércoles en una rueda de prensa en Buenos Aires. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La Fiscalía General del Estado ha pedido la máxima pena, es decir ocho años de cárcel, contra el expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho en el caso conocido en un principio como Arroz Verde, posterior como Caso Sobornos 2012-2016.

Este 5 de marzo, en el décimo tercer día de juicio en este caso de Sobornos en el que se acusa a la cúpula principal del gobierno de Correa y cinco empresarios, la fiscal general Diana Salazar explicó a los jueces la existencia de una estructura criminal que recibió millones de dólares en sobornos.

En esta estructura, la Fiscalía señaló a Correa como autor mediato por encabezar la organización. Contra él ha pedido la pena máxima por el delito de cohecho (seis años de cárcel), más un tercio de la pena (dos años más) por su calidad de autor mediato.

A los otros procesados, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario Alexis Mera, los exministros María de los Angeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solis, la legisladora Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri y a los empresarios que pagaron los sobornos, la Fiscalía los señaló como autores directos, por lo que pide seis años de cárcel.

Para la exasesora presidencial Pamela Martínez, quien luego fue designada vicepresidenta de la Corte Constitucional y su secretaria Laura Terán, por su cooperación eficaz, la reducción del 90 por ciento de la pena, mientras que al empresario Pedro Verduga un tercio de la sentencia por haber contribuido en el esclarecimiento del caso.

Para Yamil Massuh, que fuera asesor de la exministra María Duarte, la Fsicalía no emitió acusación y dejó en libertad para que los jueces resuelvan.

La Fiscalía también solicitó una reparación integral de $ 1.130’420.108 –que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama–, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

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