Unos 200 estudiantes se concentraron este martes en el campus de la Universidad Central de Ecuador, en Quito, para protestar contra la reducción presupuestaria a más de una treintena de centros académicos públicos y escuelas politécnicas, decidida por el Gobierno de Lenín Moreno.
En los exteriores de la universidad los alumnos portaron carteles con mensajes como «La educación no se vende», «No al recorte», y «Yo defiendo a la Universidad Pública» y corearon varios eslóganes contra la decisión del Ejecutivo, distanciados, cubiertos con mascarillas y guantes para evitar contagiarse de COVID-19.
«Tomemos las medidas de seguridad necesaria, pero sobre todo protestemos con muchísima fuerza para que la gente nos escuche que no estamos de acuerdo con la reducción del presupuesto de las universidades publicas, es criminal lo que están haciendo«, manifestó una de las participantes en la convocatoria.
En varias grabaciones subidas a redes sociales aparecían jóvenes estudiantes exigiendo mediante cánticos y tambores, que el Gobierno revierta de su decisión de recortar alrededor de 100 millones de dólares del presupuesto para las universidades públicas.
Los manifestantes subrayaron que la medida supondrá el despido de docentes y la imposibilidad de que otros jóvenes pueden acceder a becas educativas, matrículas o continuar con sus estudios y grados.
«Varios docentes y estudiantes nos hemos reunido en contra del recorte presupuestario y estaremos aquí pidiendo al Gobierno que escuche, ellos serán los responsables si hay infectados o muertos en esta lucha», declaró otro joven en un vídeo que publicó la Federación de Estudiantes Universitarios.
El universitario agregó en el clip que muchos otros verán sus planes de culminar su carrera frustrados, a la par que denunció que «se está vulnerando su derecho constitucional a la educación».
En este contexto, varias organizaciones sociales y educativas presentaron el lunes una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, en la que rechazaron el recorte de 98 millones de dólares del presupuesto a 32 universidades públicas.
Los demandados en el escrito son el presidente Lenín Moreno, el ministro de Finanzas, Richard Martínez y el procurador del Estado, Íñigo Salvador. EFE