Por medio de internet y de las redes sociales se está llevando a cabo una gran campaña católica mundial, para salvar la vida de Asia Bibi, una mujer de 45 años, cristiana católica de Pakistán, de la etnia urdu, quien ha sido condenada a muerte a causa de su religión y podría ser ejecutada en cualquier momento, a menos que la solidaridad internacional logre rescatarla del patíbulo.
“Lo sorprendente es la enorme brecha que existió entre la mediocridad de los protagonistas y el desmesurado mal que hicieron” es uno de los tantos intentos de la filósofa judeo-alemana Hannah Arendt (Hannover, 1906 – Nueva York, 1975), una de las pensadoras más notables del pasado siglo, para tratar de encontrarle una explicación al nazismo y el Holocausto. Su nombre se hizo conocido para el público cuando la revista norteamericana “The New Yorker” la envió a Israel como periodista con la misión de escribir sobre el juicio que se le siguió allí al criminal nazi Adolf Eichmann en 1961, después de que los servicios secretos israelíes lo secuestraran de Buenos Aires.
Gente que tiene rostro pero que no se lo puede ver. Personas que tienen un nombre, pero que el resto de mortales ignora. Fallecidos que fueron víctimas de asesinos, pero que públicamente nadie se ha enterado, ni siquiera para dar el pésame a sus familiares.
Ahora que en el mundo está en debate la cuestión de si los proveedores de motores de búsqueda en Internet (como Google) tienen la obligación de retirar de sus bases de datos la información que, por circunstancias posteriores, requeriría ser simplemente modificada o corregida, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha dado un primer paso para rechazar la tesis que pretende imponer semejante «obligación», que terminaría rayando en condenable tapadera. El abogado general de dicho tribunal ha dictaminado que «una autoridad nacional de protección de datos no puede requerirle… …que retire información de su índice».
Con el “affaire Snowden” se ha desatado una verdadera tormenta mundial al haber entregado a los diarios, The Washington Post y a The Guardian, información sobre espionaje de organizaciones de inteligencia norteamericanas a millones de personas de todo el mundo. El dilema que se ha planteado es: “Seguridad vs. Garantías”. Por un lado los Estados a través de sus gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos del terrorismo, del crimen organizado, de secuestros, etc. y por otro, ese mismo Estado debe garantizar la privacidad de los ciudadanos e inviolabilidad de sus comunicaciones. Para lo uno y para lo otro me permito recordar la legislación que nos ampara:
¿Leyeron la noticia publicada por Univisión Noticias? Escribí previamente que ocurrieron algunas filtraciones y el intruso de por lo menos una de ellas es ecuatoriano. Hasta la fecha nadie del gobierno ha compartido detalles y es difícil inferir si se trata de ciberdelincuencia o delito informático. Ciberdelincuencia sucede cuando el hecho ocurre con el uso de redes (por ejemplo a través del Internet) mientras que un delito informático puede ocurrir con el uso de redes así como sin uso del mismo.
El triste y desafortunado manejo diplomático del caso Snowden ilustra los perversos efectos que derivan de una política exterior sustentada en la ideología, conducida con improvisación y claramente divorciada del interés nacional. Al final, las decisiones y acciones que la Cancillería adoptó en este caso terminaron perjudicando la imagen del Presidente, de su Gobierno y, ciertamente, del país en general.
Escribo mientras los representantes de la Organización de Estados Americanos discuten en Washington un proyecto de resolución propuesto por Ecuador, Venezuela y Nicaragua para que la OEA exija a Francia, Italia, España y Portugal que pidan disculpas a Bolivia por haber cancelado los permisos de sobrevuelo, el pasado 2 de julio, al avión que transportaba a Evo Morales desde Moscú hasta La Paz y en el que sospechaba que llevaba al fugitivo Edward Snowden.
Joaquín Hernández
Guayaquil, Ecuador
El Papa Francisco I va a Lampedusa. Es su primer viaje fuera del Vaticano. No es una visita de jefe de Estado ni está en juego ninguna soberanía estatal. Ningún séquito. Va a rendir tributo, -¿por qué no a llorar?-, ante una de las tragedias del mundo contemporáneo más importantes, por cierto, que los señores Snowden, Assange y los juegos pirotécnicos de una confrontación que al final no aparece por ninguna parte mientras los verdaderos «condenados de la tierra» -la frase es de Fanon ciertamente-, pagan en silencio su tributo por no ser espías, ingenieros informáticos, denunciantes o simplemente hombres de poder.
La atención y el escándalo que han desatado las revelaciones hechas por el joven técnico Edward Snowden sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos ha opacado el hecho de que se trata de actividades avaladas por una corte de justicia. Podría parecer algo paradójico pero lo cierto es que la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), que es para quien trabajaba la firma que había reclutado a Snowden, no podía legalmente implantar el sistema de vigilancia que tanta controversia ha provocado sin una decisión judicial favorable, tal como lo ha recordado recientemente el New York Times.
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