Opinión

¿Dónde está Edward J. Snowden? En el momento de escribir estas líneas, el analista que reveló al mundo la magnitud del espionaje que practican los Estados Unidos en las redes sociales e informáticas del mundo entero se hallaba en Moscú. Tras permanecer escondido en Hong Kong, viajó a la capital rusa para tomar un avión hacia Cuba y de allí partir hacia Venezuela o, más probablemente, Ecuador, en busca de asilo.

De las afirmaciones que más le gusta hacer a la izquierda es que sueñan con poner «al ser humano por sobre el capital». El problema es que las políticas económicas que implementan hacen todo lo contrario y siempre terminan poniendo al capital por sobre las personas.

A menos de un mes de que haya iniciado su labor, una de las prioridades de la nueva Asamblea parece estar clara: consolidar el “círculo” de protección jurídica y política para que el poder pueda actuar a sus anchas. Un proceso que se ha venido consolidando a pasos firmes y en el que gobierno ha ganado casi todas las batallas. Examinemos la situación.

La ley de comunicación recientemente aprobada por la Asamblea Nacional ha generado una serie de reacciones, posiciones y opiniones a nivel internacional, que realmente me ha sorprendido como ecuatoriano. Localmente hablando, la gran mayoría de ecuatorianos mira con cierto beneplácito la aprobación de esta ley, que lamentablemente ha sido negativamente manchada por faltas infantiles en el proceso final de su aprobación. La ley es perfectible, requiere de correcciones menores, pero el espíritu de la misma, además de revolucionaria, asfalta el camino a cambios impensados dentro del poderoso mundo de la empresa privada de la comunicación.

“Tenemos la razón y van a tener que rectificar (…)” ha dicho el presidente en el enlace del sábado 15 de junio al referirse a la acción judicial que le sigue al diario Hoy por haber publicado un titular, el pasado 31 de mayo, al que calificó de “mentira grosera”. Igualmente el mandatario ha manifestado en varias ocasiones que “la información debe ser veraz y verificada”, como manda la Constitución y en eso tiene toda la razón; sólo hay un detalle: el presidente debe ser consecuente con lo que proclama. Recordemos lo que dijo en el enlace del 4 de febrero de 2012, cuando denunció que se estaba fraguando una conspiración  para desestabilizar su régimen, e hizo conocer sobre un supuesto “Plan Revancha”, en el que estaban involucrados políticos de oposición junto a militares en servicio pasivo, “traidores que sirvieron a la CIA” y “alguno que otro oficial activo” que buscan generar malestar en los uniformados por sueldos y compensaciones, algo similar a lo que ocurrió antes del 30 de septiembre del 2010.