Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Se acostumbra ahora informar sobre procesos judiciales omitiendo el nombre de los involucrados. Solo se mencionan sus iniciales. «L.P. fue detenido por su presunta participación en lavado de activos por exportaciones ficticias a Venezuela», por ejemplo. Ni la Ley de Comunicación ni su reglamento, sin embargo, han prohibido informar los nombres de las personas envueltas en cuestiones judiciales, siempre que los medios se abstengan de «tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas (…) hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente» (Ley, artículo 25).
¡Qué va a pagar! Si no es más que un insolvente, inalcanzable por la justicia ecuatoriana, usado en su momento como tapadera de la nada delgada camarilla del que sabemos, y del cuñado, para sacarle la nada despreciable suma de 800.000 dólares al estatal banco Cofiec, que inmediatamente se esfumaron en transferencias al exterior, que por su monto, en adición, pareciera que no pagaron ni siquiera el impuesto del 5% a la salida de capitales.
Como si los fuegos artificiales no se hubiesen apagado el 1 de enero, el paisito sigue distraído con la cortina de humo del título forjado de Pedro Delgado, más humeante ahora con el añadido de una orden de detención para el maestro del engaño, bandereada como muestra dizque indeleble de desmarque. Y es que al margen de una credibilidad, no por los pisos, sino enterrada por el confesado y descarado fraude académico, colosal error es quedarse marchando en el propio terreno del inútil discurseo sobre el asunto aquel de la forjadura, en el que se está inmovilizando la atención ciudadana pese a que es evidente que tiempo luego, una vez aplacados los ánimos, terminará absuelto, pues más allá de la inocultable inmoralidad, la mentira, de por sí, no se encuentra tipificada en el Código Penal.
Como que si la profecía maya empezase a evidenciarse, cambia el tiempo político en el Ecuador y adquiere aroma de nueva era.
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