Aunque la atención se ha centrado en estos días sobre la decisión del gobierno de asistir a la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en solidaridad con la no invitada, Cuba, no deja de parecerme curioso el reciente episodio en que el canciller ecuatoriano acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “inquisidora” y de extralimitarse en sus funciones al emitir medidas cautelares en el caso de Diario El Universo. Parece que llegó el momento en el que el mundo debe comprender, tal como se entiende en el Ecuador, que los temas que respectan a la violación de la libertad de expresión, el hostigamiento y la persecución judicial por discordar con el proyecto político de la revolución ciudadana son asuntos que nadie debe atreverse a cuestionar.
El presidente del Ecuador, Rafael Correa, dio a conocer ayer con gran despliegue mediático su decisión de remitir la condena de tres años de cárcel y multa de 40 millones de dólares, que por acusación de él mismo les fue impuesta a tres directores propietarios y un exeditor del diario El Universo.
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