La reacción instintiva del presidente de la República a la propuesta de Guillermo Lasso -de elevar el bono de desarrollo humano de $35 a $50 – muestra que la revolución se inquieta con la derecha. Correa ha mostrado la pata por donde cojea el proceso de cambio que dirige. No quiere que la derecha incursione en el terreno donde el Gobierno construye su identidad: la opción preferencial por los pobres, tal como lo reiteró en su conferencia magistral del viernes último en Chile. Por esa razón, la osadía de Lasso de entrar en su terreno fue castigada con una sanción a los bancos, que pagaron los platos rotos. ¡Qué ahora vengan los ricos a acordarse de los pobre! advirtió en tono irónico en su última sabatina.
Durante décadas el Ecuador ha basado su economía en un modelo rentista y mercantilista que permite al Gobierno elegir “a dedo” a los ganadores y perdedores de la actividad productiva. Se despoja al ciudadano de la capacidad de seleccionar los mejores productos y servicios y se asfixia la libertad económica mediante privilegios que cobran forma de protecciones arancelarias, ausencia de regulación de los mercados y barreras infranqueables para el ingreso de nuevos actores a ciertas actividades productivas. Un esquema que permite a los gobiernos, sobre todo a los de tinte populista, someter a grandes grupos económicos bajo un mecanismo de premios y castigos.
No existe un mejor nombre para una ley que bien podría convertir a todos los bancos privados en grandes Cofiecs: «La ley Cofiec», un proyecto con un fin noble (distribuir riqueza), pero con un enorme potencial destructivo.
Por lo menos en campaña, porque se denigra y confunde al electorado más pobre, que venderá su voto a quien le ofrezca más, dejando de lado aspectos fundamentales de lo que debe ser una contienda electoral.
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