La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego. Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.
Si el presidente Correa o su gobierno querían hacerse conocer a nivel internacional, claramente la decisión de otorgar asilo diplomático a Julian Assange fue la decisión correcta. No recuerdo ningún hecho en Ecuador que tuviera tal nivel de resonancia mediática a nivel mundial.
Apenas hace ocho semanas, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que se describe a sí mismo como víctima de una imaginaria conspiración política internacional, buscó asilo en la Embajada del Ecuador en Londres. Después que la Corte Suprema de la Gran Bretaña rechazara su apelación contra la extradición a Suecia, donde el señor Assange es requerido para ser interrogado sobre presuntos delitos sexuales, el hacker australiano de 41 años de edad, rompió las condiciones de su fianza y huyó a la embajada, a pocas cuadras de los almacenes Harrods. La semana pasada, Ecuador concedió el asilo.
Es un club raro. Me refiero a la alianza que han formado Julian Assange y algunos presidentes de América Latina. Rafael Correa, quien le proveyó asilo y hospedaje ilimitado en la embajada de Ecuador en Londres, definió la identidad del grupo mientras dialogaba con el fundador de WikiLeaks por televisión: dijo que deseaba darle al australiano la bienvenida «al club de perseguidos».
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