Ecuador. Jueves 8 de diciembre de 2016
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Asociación de diarios de Bolivia denuncia “nuevo atropello a la libertad de expresión”

(AP foto/Juan Karita)

La Paz (EFE).- La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a la mayoría de los diarios, denunció hoy que los rotativos “con independencia editorial” son víctimas de una “asfixia publicitaria” por parte del Gobierno de Evo Morales.

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La ANP señaló en un comunicado que el Ejecutivo “dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial”, con lo que se consumó “un nuevo atropello a la libertad de expresión” y se ha puesto en riesgo la fuente laboral de “cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta”.

“Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”, indicó la ANP.

Mencionó, además, que la exclusión de estos medios de recibir anuncios publicitarios de entidades estatales vulnera la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000.

Para la ANP, esta medida es una consecuencia “del trabajo transparente cumplido antes, durante y después” del referendo del pasado 21 de febrero, en el que los bolivianos rechazaron mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019.

El mandatario y otros dirigentes del Gobierno y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), atribuyeron su derrota electoral, la primera en diez años, a una supuesta “guerra sucia” en su contra en las redes sociales durante la campaña.

El Ejecutivo también ha acusado a la oposición, a EE.UU. y a algunos medios y periodistas de conspirar para que Morales perdiera en la consulta, para lo cual, según las autoridades, usaron el caso del supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa china Camce, en la que trabajó una expareja del mandatario, Gabriela Zapata.

Según la ANP, los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios “cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos”.

“Por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa”, indicó la entidad.

Los medios asociados a la ANP concluyeron ratificando su compromiso de informar “de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en rechazo a una política que pretende imponer el silencio”. EFE (I)

gb/eat

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