Ecuador. viernes 20 de octubre de 2017
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Ecuador después de las enmiendas

Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

Aunque más del 80% de los ciudadanos queríamos consulta popular, este 3 de diciembre cien asambleístas reformaron la Constitución en un recinto legislativo que dejó de ser de “puertas abiertas”, como repite la propaganda oficialista, para convertirse desde temprano, por un lado, en un búnker acordonado por miles de policías y, por otro, en un hotel al que incluso llevaron colchones verdes para madrugar antes de la sesión.

¿Cuáles son los principales cambios?

  1. Se permitirá la reelección indefinida a partir de la elección local del 2019, destruyendo el principio de alternancia esencial en un sistema democrático presidencialista —a diferencia de sistemas parlamentarios como Alemania— y perjudicando el derecho de igualdad en las elecciones, como razonó la Corte Constitucional de Colombia al impedir un tercer periodo de Álvaro Uribe. Sí, esto no es cuestión de izquierda o derecha. Y da igual si Rafael Correa se postula o no el 2017. Es cuestión de principios.
  1. Se recortará el derecho humano a la participación política: los ciudadanos no podrán convocar a consulta sobre “cualquier asunto”, sino solo sobre lo que defina la Asamblea por ley.
  1. Se constitucionalizará dos normas que ya habían incluido en la ley —inconstitucionalmente hasta ahora—: que la comunicación sea un servicio público, como la energía o el agua potable, y que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en tareas de policía, en contra de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a la que el gobierno sí dice respetar— en el caso Zambrano Vélez contra el mismo Ecuador.
  1. Se incluirá a los obreros del Estado en la normativa de servicio público, pero sin derecho a la contratación colectiva, discriminándolos frente a empleados del sector privado.
  1. Se quitará a la Contraloría General del Estado la competencia de fiscalizar la gestión en la función pública, aumentando la impunidad contra la corrupción.
  1. Se impedirá la competencia de municipios en salud y educación, para lo cual solo podrán construir infraestructura con permiso del Gobierno central.
  1. Otros cambios son inofensivos —esos sí, verdaderas enmiendas—, como corregir la palabra “provisionales” por “previsionales” (error mecanográfico en el artículo 372 de la Constitución) o rebajar a treinta años la edad para ser candidato presidencial.

¿Cuáles serán las consecuencias?


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En lo jurídico, la mayoría de cambios son inválidos en forma y fondo. En cuanto a la forma, porque al modificarse la estructura del Estado —en casos como la reelección indefinida, Contraloría, Fuerzas Armadas y competencias municipales—, se requería una reforma vía consulta popular. En cuanto al fondo, porque hay artículos que restringen derechos humanos —como la igualdad, participación política y libertad de expresión—, lo cual está prohibido y ni siquiera podría resolverse en consulta popular.

En lo político, algunas observaciones:

  1. El objetivo electoral de Alianza País era que Correa se reelija el 2017. Y eso no se aprobó, lo cual es una contundente derrota del oficialismo. Veremos qué dice luego la Corte Constitucional. Yo no veo ninguna ventaja para Correa en postularse el 2017: incluso si ganara con las justas, no podría gobernar cómodo teniendo en contra la Asamblea y, sobre todo, la economía. Intentará seguir los pasos de Velasco Ibarra, “el Gran Ausente”, con la esperanza de volver el 2021. Pero nadie sabe cuál será el panorama entonces. En política es imposible apostar a tan largo plazo.
  1. Ignoro cuáles serán los efectos prácticos de las enmiendas. Cambios sobre la comunicación o las Fuerzas Armadas ya estaban en vigencia. Veremos qué pasa con los municipios y la Contraloría. Sin la reelección del caudillo el 2017, persistir en la reforma constitucional solo tuvo sentido para Alianza País como demostración de fuerza política. Como una victoria pírrica para ocultar el fracaso.
  1. Fuera de la Asamblea, la policía abusó salvajemente contra manifestantes, lo cual prueba que un correísmo con cada vez menos respaldo popular está dispuesto a “defender lo logrado” a punta de fuerza bruta. Tal como en Venezuela. Pero también resulta increíble la violencia promovida por ciertos manifestantes en Quito. Algunos parecen querer combatir al correísmo con sus propios métodos, lo cual es hacerle el juego. Cuidado: el único camino sostenible hacia la democracia es la resistencia pacífica. La violencia solo engendra más violencia. Y rechazo popular.
  1. Pese a que se había anunciado en diciembre “la madre de todas las batallas”, la realidad es que muchos ciudadanos han sido indiferentes a esta violación constitucional. La recesión económica, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la tragedia de un sector rural que sufre 52% de pobreza y 71% sin empleo adecuado, son las prioridades de la gente que no sigue la política. Que es la amplia mayoría. Y siempre ha sido así. De hecho, las protestas más multitudinarias este año no se dieron contra las enmiendas, sino contra los impuestos a la herencia y plusvalía. La gente salió a defender su bolsillo, no la democracia. Y en época de crisis, eso no debería sorprender.
  1. Las enmiendas eran un hecho consumado. La democracia está golpeada, no enterrada. El gran desafío es el 2017. Y la victoria es posible, si la oposición sintoniza con la mayor preocupación ciudadana: la recesión económica. La gente votará por quienes planteen las propuestas más eficaces para que los ciudadanos vivan mejor, lo cual pasa por superar el fracaso del autoritarismo político y del estatismo económico. Al final del día, en democracia las batallas se ganan en las urnas. El 23 de febrero de 2014 vencimos en nueve de las diez ciudades más grandes del país: la única victoria electoral en casi nueve años de correísmo, salvo el caso de la alcaldía de Guayaquil. Con la estrategia correcta y liderazgos convincentes, podremos vencer de nuevo en febrero del 2017, si volvemos a luchar, con unidad y propuestas, para resolver los problemas de la mayoría popular.