Ecuador. Sábado 10 de diciembre de 2016
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Llamar al pan, pan…

David Ochoa
Quito, Ecuador

Tras más de un año de debate, tanto legislativo como social, el Código Ingenios se aproxima a su aprobación final.

Su contenido no sólo busca reemplazar la vigente Ley de Propiedad Intelectual, sino también modifica normas sobre Educación Superior, contratación pública, docentes investigadores, institutos públicos de investigación, control de la bio-piratería e incluso regula la última preasignación presupuestaria permitida por la Constitución: precisamente la que financia ciencia y tecnología.

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El proyecto de ley contiene 627 artículos, 36 disposiciones generales, 24 disposiciones transitorias, 13 disposiciones reformatorias y 4 disposiciones derogatorias, por lo que abarcar todas sus particularidades y aspectos a mejorar escapa el alcance de este artículo. Baste resumir que aquellas normas que levantaron cejas en Bruselas han sido revisadas, para evitar que la norma nacional contradiga un futuro acuerdo de comercio con la Unión Europea.

Me referiré en concreto a las normas que regulan el software. En el nuevo Código, el software se protege como obra literaria, igual que en la ley ecuatoriana vigente y de conformidad con las normas de la Comunidad Andina. Como toda obra, puede ser comisionada o contratada, y los derechos económicos pueden contratarse o cederse. El Código permite similares usos legítimos que los de la ley actual.

El Código introduce medidas de observancia positiva y también negativa, para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Estas reformas, junto con mayor acceso a soluciones legales, y una Función Judicial más efectiva, pudieran en mediano plazo ayudar a reducir el agudo problema de piratería que se ha vuelto costumbre en el país.

Uno de los caballos de batalla del Código Ingenios ha sido la difusión del software libre, concepto aún desconocido por muchos. Sin embargo, durante los últimos 10 años, el Ecuador se ha acercado al concepto de software libre, particularmente desde el Gobierno:

En 2006, Rafael Correa se reunió con Richard M. Stallman, programador y promotor de software libre, producto de lo cual, se creó la Subsecretaría de Informática, para coordinar el uso de programas y sistemas informáticos en el Gobierno ecuatoriano.

En 2007, el Presidente Correa invitó a todos a usar software libre.

En 2008, el Presidente ordenó por Decreto usar software libre en la Función Ejecutiva.

En 2009, el Gobierno ecuatoriano ahorró $15 millones por usar software libre, según informó la Subsecretaría de Informática. En ese año, se aprobó la Ley de Empresas Públicas, que promueve usar software libre.

En 2010, se aprobó la Ley de Educación Superior, que también promueve usar software libre.

En 2011, se aprobó el Reglamento a la Ley de Educación Superior, que también promueve usar software libre.

En 2012, el Ministerio de Educación dispuso usar software libre en la educación fiscal.

En 2013, Rafael Correa propuso un Plan de Gobierno, que plantea, entre otras propuestas, promover el uso de software libre en el Gobierno y en la sociedad, así como usar licencias abiertas como Creative Commons.

En 2014, SENESCYT, Ministerio Coordinador de Conocimiento y el IAEN publicaron el libro del Buen Conocer, con lineamientos de política pública para alcanzar la Sociedad de Economía Social del Conocimiento, que incluía el uso del software libre y también promover la cultura libre.

En 2015, el Gobierno ecuatoriano propone el Código Ingenios para promover 11 ideas fuerza, entre otras, el uso del software libre:

A contramano del amplio historial de apoyo gubernamental al software libre, de improviso, la Comisión de Educación, en el texto del Código Ingenios, ha cambiado en varios artículos, toda referencia al software libre, para en su lugar, promover el software de código abierto.

Quien pensara que los conceptos software libre y software de código abierto son sinónimos, no ha conocido ni uno ni otro, ni tampoco cómo se han relacionado ambos con los conceptos tradicionales de propiedad intelectual.

Llamamos software libre a aquellos programas que permiten a quien lo use, ejercer 4 libertades:

Usar (o ejecutar) el programa
Leer (o aprender) cómo funciona, es decir, conocer su código fuente.
Compartir (o difundir) el software, y
Modificar un programa (y compartir lo modificado).

Un software open source (o código abierto) generalmente permite leer el código fuente de un programa (o parte de él), pero podría no permitir compartir el programa o no permitiría modificar el programa. Existen más de 140 licencias open source, cada una con diferentes niveles de libertad (o carencia de).

Las discusiones sobre uno u otro concepto han sido extensas y complejas: por años, se ha debatido sobre sus similitudes, pero también sobre sus diferencias. Ha habido intentos para unir ambos conceptos en un tercer concepto, así como intentos por partir aguas definitivamente. La comparación entre uno y otro no ha sido pacífica ni concluyente, durante todos estos años. Los diferentes tipos de licencia (unos más abiertas y otras, menos) actualizan cada tanto esta controversia.

Encuentro extraño que, tras nueve años de llamar por su nombre al software libre, ahora, de la nada y sin explicación alguna, el mismo gobierno que lo ha venido impulsado, busque cambiarle el nombre. No es consistente y no ha sido motivado, pero la Comisión de Educación decidió llamar “software de código abierto” al concepto que en los artículos 142, 147, 148 y 149, los venía llamando “software libre”. Denominación que vino usando desde 2015 en el proyecto, y desde 2008 en 35 otras normas jurídicas de similar o distinta jerarquía.

Llamar pan al pan, y vino al vino, no sólo es un ejercicio de sinceridad en la redacción, sino también facilita el análisis del Derecho comparado y evita discordancias con otras normas. El Pleno de la Asamblea aún está a tiempo de corregir este gazapo, previo a la votación del proyecto. Y lo considero un gazapo, pues aún no podría admitir que en la política actual se use unos conceptos para transmitir ideas distintas.

* David Ochoa es abogado con práctica en Propiedad Intelectual y actualmente se desempeña como Presidente de la Asociación de Software Libre del Ecuador.

La Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), es una organización establecida en 2007 para promover en la sociedad ecuatoriana el conocer y practicar las cuatro libertades del software: www.asle.ec

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